El PP ha pedido al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) «que se implique en hacer frente a los okupas y deje de mirar a otro lado» ante el «fenómeno okupa» en la comunidad autónoma.

Así lo han reclamado los ‘populares’, que han señalado que, según los datos aportados esta semana por la consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), en comisión parlamentaria, en Cantabria se han registrado «280 casos» de ocupación en la legislatura.

Por ello, la formación registró el pasado, viernes, en el Parlamento de Cantabria, una enmienda a la proposición no de ley del PRC sobre ‘okupación’ que se debatirá en el pleno del lunes, 24 de octubre.

En su enmienda, el PP propone distintas acciones que el Gobierno de Cantabria puede llevar a cabo, al margen de instar a las Cortes Generales a adoptar medidas, «para que no se lave las manos ante un problema de esta magnitud».

Para el portavoz del PP en el Parlamento regional, Íñigo Fernández, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez (PSOE), y sus pactos con Podemos son «los principales responsables de que en España la legislación proteja a los okupas frente a los propietarios y frente a quienes ven alterada su vida en una comunidad de vecinos».

Pero, según ha puntualizado, «eso no significa que el Gobierno de Cantabria no pueda hacer nada». «Al contrario, el Gobierno de Cantabria debe implicarse y adoptar algunas medidas en la región para, si no erradicar el problema que es muy difícil teniendo en cuenta que las principales competencias son nacionales, al menos sí reducirlo de manera importante en nuestra tierra y evitar la proliferación de casos que estamos viendo en los últimos tiempos», ha apuntado.

Según ha explicado, implicarse significa elaborar un mapa de la ocupación en Cantabria que permita conocer qué viviendas están ocupadas y en qué zonas se distribuye ese fenómeno, para evitar -dice- situaciones como las que se han dado en las comparecencias de la consejera sobre este tema en el Parlamento, mostrando, para los ‘populares’, «un absoluto desconocimiento de los datos, la incidencia y el alcance de este problema en la región». «Muy mal vamos a poder hacer frente al problema si no sabemos cuáles son sus dimensiones», ha lamentado. En segundo lugar, el PP propone habilitar una oficina de apoyo y asesoramiento de especialistas a los afectados y perjudicados por el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, ya sean propietarios o comunidades de vecinos, cuya vida se altera inevitablemente ante el clima de inseguridad que produce la presencia de okupas.

Y también, según ha resaltado el portavoz, para el Partido Popular es muy importante la constitución de un grupo de trabajo con la Federación de Municipios de Cantabria con el fin de coordinar respuestas a adoptar en el transcurso de las 48 primeras horas y estudiar en qué supuestos procede adoptar medidas de compensación fiscal a los propietarios perjudicados, a través del IBI o del Impuesto de Patrimonio y, en su caso, elaborar una propuesta para hacer extensiva al conjunto de las administraciones locales y a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

Fernández ha subrayado que el PP no comparte la opinión de la consejera de que no hay un problema social en Cantabria con este tema y considera «preocupante» que, precisamente quien está a cargo del área de Vivienda y tendría que proponer soluciones ante la okupación, no tenga conciencia de que es un problema.