La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Cartes por el centro de menores

La Fiscalía de Cantabria ha incoado diligencias de investigación tras la denuncia presentada por Podemos para analizar si determinadas actuaciones del Ayuntamiento de Cartes en relación con el centro de menores migrantes habilitado por el Gobierno autonómico se ajustaron al marco legal vigente y al principio del interés superior del menor.

Según han confirmado fuentes del Ministerio Público, la denuncia ha sido admitida a trámite y el asunto “está en estudio”, encontrándose actualmente en fase de recopilación de información y análisis preliminar. El objetivo es determinar si los hechos denunciados pueden tener relevancia jurídica.

Publicación de datos y posible vulneración de la confidencialidad

La formación denunciante trasladó a la Fiscalía diversos hechos vinculados a la gestión y difusión de información sobre el recurso de acogida. En concreto, señaló la publicación en redes sociales de datos que, a su juicio, permitirían identificar la ubicación exacta de la vivienda destinada a la acogida de menores migrantes en Cantabria.

Podemos sostiene que esta difusión podría haber comprometido la confidencialidad y la seguridad de los menores, al tratarse de un colectivo especialmente protegido por la normativa vigente en materia de protección de la infancia y adolescencia.

Orden de paralización del Ayuntamiento de Cartes

La denuncia también hace referencia a una resolución dictada por el Ayuntamiento de Cartes, encabezado por la alcaldesa socialista Lorena Cueto, en la que se ordenaba al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y a la Fundación Cuin, entidad gestora del recurso, la “paralización inmediata” de la actividad desarrollada en el inmueble.

Según expuso Podemos, esta decisión afectaba directamente al funcionamiento ordinario de un recurso destinado a la primera acogida de menores migrantes en la comunidad autónoma.

La resolución municipal incluía además la advertencia de que, en caso de incumplimiento, el Consistorio podría adoptar medidas adicionales, entre ellas el precinto de las instalaciones, la retirada de materiales o la solicitud a empresas suministradoras para la supresión de servicios básicos como el agua o la electricidad.

Suspensión judicial de la orden municipal

No obstante, la orden dictada por la alcaldesa fue posteriormente suspendida por la autoridad judicial, lo que impidió que las medidas previstas llegaran a ejecutarse. La decisión paralizó los efectos de la resolución mientras se analiza el fondo del asunto.

En este contexto, la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Cantabria busca examinar el alcance de los hechos denunciados y valorar si las actuaciones adoptadas por la administración local se ajustaron a derecho y respetaron el principio del interés superior del menor.