El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha obstaculizado la elaboración de un informe jurídico por parte del Consejo Fiscal en relación con la Ley de Amnistía. Este texto, que fue objeto de un pacto entre el presidente Pedro Sánchez y sectores independentistas, ha generado discrepancias dentro del órgano consultivo, específicamente en lo que concierne a la necesidad de un pronunciamiento técnico sobre la citada ley.

La controversia surge a raíz de la solicitud de seis de los doce vocales que conforman el Consejo Fiscal, quienes consideraron esencial debatir y redactar un informe técnico sobre la amnistía que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria. Sin embargo, el fiscal general, García Ortiz, ha expresado su desacuerdo y rechaza abordar el análisis jurídico del texto, argumentando que, al tratarse de una proposición de ley registrada por los grupos parlamentarios, y no por el Gobierno, está fuera del ámbito de competencia del Consejo.

La Asociación de Fiscales (AF), que ostenta una mayoría dentro del Consejo Fiscal, había solicitado anteriormente someter a estudio la amnistía en el pasado mes de noviembre. Conforme al artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Consejo Fiscal tiene la responsabilidad de informar sobre los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público. El plazo establecido para este tipo de informes es de treinta días hábiles, aunque puede reducirse a quince en casos de urgencia.

Es importante señalar que la amnistía se ha tramitado como proposición de ley en lugar de proyecto de ley con el propósito de acelerar su aprobación en las Cortes, eludiendo así los informes consultivos. A pesar de no ser obligatorio, la mitad de los fiscales ha solicitado un informe jurídico debido a la relevancia del texto en cuestión.

Desde la Fiscalía General, se ha argumentado la negativa a redactar dicho informe. García Ortiz ha fundamentado su decisión en que un informe sobre una proposición de ley queda fuera de las competencias del Consejo Fiscal, y ha afirmado que la fórmula de tramitación elegida busca evitar que el texto quede expuesto al informe del Consejo Fiscal, a pesar de la presunta quiebra de la separación de poderes al relegar al Poder Judicial.

Además, la amnistía, al ser tramitada como proposición de ley, ha evitado someterse a las consideraciones jurídicas de los expertos que componen las instituciones del Poder Judicial. Ni el Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elaborarán un dictamen sobre la amnistía, aunque la mayoría del Partido Popular en el Senado ha solicitado al CGPJ que redacte un informe jurídico sobre la ley, que será hecho público a finales de enero. Los vocales Wenceslao Olea y Carmen Cabrejas serán los ponentes del texto solicitado por la Cámara Alta durante la tramitación parlamentaria de la amnistía.

La Fiscalía General del Estado también ha rechazado aprobar una declaración institucional sobre la amnistía, solicitada por la AF. García Ortiz ha justificado su decisión alegando que un pronunciamiento sobre la amnistía implicaría intervenir en un debate político. Cabe destacar que no es la primera vez que el fiscal general del Estado guarda silencio sobre este asunto; ya se negó a posicionarse durante el último congreso de la AF, celebrado en noviembre, lo que llevó a la asociación mayoritaria en la carrera fiscal a pedir su dimisión. García Ortiz, sin embargo, descartó dimitir alegando que estaba en funciones. Ahora, ratificado en el cargo, también descarta apartarse, a pesar de las críticas del CGPJ, que lo ha declarado "no idóneo", y del Tribunal Supremo, que lo ha señalado por "desviación de poder" en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala.