En un giro tumultuoso, el Ayuntamiento de Castro Urdiales, bajo la administración del PSOE, se encuentra en el epicentro de un escándalo que involucra la legalización de un chalet perteneciente a M.G.L. cuñado de Patxi López, destacado portavoz socialista en el Congreso de los Diputados. Todo un informe analizado por el medio de comunicación El Debate que analiza las supuestas irregulares en la adquisición de la vivienda.

La vivienda, que permaneció trece años en situación irregular, fue objeto de atención por las circunstancias nebulosas en torno al pago, realizado en efectivo, cuyo origen no ha sido debidamente justificado. La investigación de Hacienda determinó que se trataba de dinero negro de «origen desconocido».

El Debate ha obtenido acceso al acta de regularización del chalet, situado en una prestigiosa urbanización de Castro Urdiales. La vivienda, inicialmente fuera de ordenación, recibió la concesión de licencia de primera ocupación en febrero de 2020, durante los meses más intensos de la pandemia de COVID-19.

G.L. habría usado 1.743 billetes de 500, 200, 100, 50, 20 y hasta de 10 euros, el medio digital

La firma del permiso por parte de la alcaldesa Susana Herrán y del concejal socialista Alejandro Fernández, a través del decreto UOA/119/2020, ha suscitado interrogantes sobre la conveniencia de la legalización en un periodo marcado por la emergencia sanitaria. El historial de irregularidades urbanísticas asociadas al chalet es extenso. En 2007, año en que se otorgó la licencia de construcción, G.L. llevó a cabo obras que no respetaron las condiciones urbanísticas estipuladas.

Entre las infracciones que destaca El Debate, se encuentra el aumento no autorizado de la superficie de la planta sótano en 76 metros cuadrados, la construcción de una piscina no contemplada en el proyecto original y diversas violaciones en el jardín y el patio de la propiedad. A pesar de las advertencias del Catastro, que indica la ausencia de permiso para la piscina, esta se encuentra en la parte trasera del inmueble.

La propiedad en cuestión abarca 455 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y cuenta con un área destinada al aparcamiento.

La construcción, de diseño moderno y vanguardista, incluye un sofisticado sistema de seguridad con cámaras estratégicamente ubicadas en toda la parcela.

La ubicación en una calle con propiedades similares valoradas en más de un millón de euros subraya la exclusividad de la zona. Según recuerda El Debate, la conexión política de M.G.L. con el PSOE en el País Vasco (PSE), donde ocupó cargos destacados como vicepresidente de las Juntas Generales de Vizcaya y vicesecretario general del PSE, añade una dimensión política al escándalo.

Susana Herrán, máxima autoridad municipal en Castro Urdiales, mantiene silencio

Su carrera política se vio empañada en 2009 cuando una investigación de Hacienda lo acusó de ocultar el origen de 419.074 euros. Esta misma inspección tributaria reveló la compra del chalet en Castro Urdiales, ahora objeto de legalización. El caso no solo plantea dudas sobre la conducta ética de figuras políticas de alto perfil, sino que también cuestiona la integridad de las instituciones locales encargadas de velar por el cumplimiento de las normativas urbanísticas.

La decisión de legalizar la propiedad en medio de la pandemia intensifica el escrutinio sobre la gestión de asuntos cruciales durante momentos de crisis.

La sociedad espera respuestas claras y transparentes, mientras este escándalo despierta la necesidad de reevaluar los procesos de legalización de propiedades y la aplicación equitativa de la ley. Este episodio sirve como recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la esfera política local.

En metálico. En una revelación que ha dejado perplejos a muchos, los documentos notariales obtenidos por El Debate proporcionan una perspectiva más profunda sobre las operaciones financieras detrás del chalet de M.G.L., cuñado de Patxi López, y la posterior legalización de la vivienda en Castro Urdiales. Los detalles financieros despiertan interrogantes sobre la fuente de los fondos utilizados para la compra del terreno y la construcción del inmueble.

Según estos documentos, M.G.L. adquirió primero el terreno y luego procedió a la construcción de la casa, desembolsando un total de 815.921 euros entre ambas operaciones.

Sin embargo, en 2007, el cuñado de Patxi López solicitó al banco una hipoteca sorprendentemente baja, apenas de 360.000 euros. Este desajuste entre el costo total y la financiación plantea la pregunta crucial: ¿de dónde provino el resto del dinero? Las alarmas en Hacienda saltaron durante el proceso de pago de las obras. Según el expediente tributario, los abonos de la reforma «no se corresponden con los cargos en su cuenta bancaria», y M.G.L. no ha logrado proporcionar una justificación concluyente sobre el origen de estos fondos. Este hecho agrega una capa adicional de sospecha en torno a la transparencia financiera de la transacción.

Según continúa explicando El Debate tras su investigación, el desglose de los pagos revela que M.G.L. abonó 146.407 euros por el terreno a la sociedad Arcoti 2000 SL, distribuyendo los fondos en dos transacciones.  El primer pago se realizó en efectivo, depositando 6.960 euros en 14 billetes de 500 euros. El segundo pago se efectuó mediante un cheque de 139.447 euros. La construcción del chalet, con un costo total de 669.514 euros, fue confiada a la sociedad Promociones de Bizkaia 2001 SL.

Los trabajos de construcción se pagaron entre 2008 y 2009 a través de transferencias bancarias y entregas en efectivo, destacándose un pago en efectivo de 107.563 euros en julio de 2008. La cantidad exacta de billetes utilizados por M.G.L. es especificada en el expediente tributario: 1.743 billetes que abarcan diferentes denominaciones, desde billetes de 500 euros hasta billetes de diez euros.

Una parte clave de la explicación dada por M.G.L. es que el dinero utilizado provenía de un préstamo otorgado por dos amigos a través de la sociedad Vivienda Group Cassa SL. Sin embargo, los inspectores de Hacienda cuestionaron la credibilidad de este relato, ya que el documento presentado como justificación fue considerado falso.

Como finaliza El Debate, tras recibir los informes de la Hacienda Foral, la Diputación de Vizcaya denunció a M.G.L. ante la Fiscalía. Sin embargo, las acciones legales no avanzaron debido a que la cantidad defraudada, 103.551 euros, no alcanzó el umbral establecido por el Código Penal para constituir un delito de fraude fiscal, fijado en 120.000 euros. La resolución del caso implicó la devolución de la cantidad defraudada y una multa de 28.182 euros. Estos detalles financieros detallados han avivado aún más el debate sobre la legalidad de la vivienda y plantean serias preguntas sobre la conducta de M.G.L..

La búsqueda de claridad en torno al escándalo del chalet de Castro Urdiales llevó al ALERTA a intentar establecer contacto con la alcaldesa del municipio, Susana Herrán. Sin embargo, los esfuerzos por obtener respuestas y explicaciones pertinentes se vieron frustrados, ya que la alcaldesa no respondió a las llamadas. La ausencia de una declaración oficial por parte de la máxima autoridad municipal deja un vacío significativo en la narrativa. La oportunidad para brindar esclarecimientos y aclarar las decisiones tomadas durante la pandemia, así como abordar las irregularidades urbanísticas, queda pendiente.