Del “corrupto confeso” al silencio ante el 'caso Carreteras': Revilla acorrala y se acorrala

Miguel Ángel Revilla, expresidente del Gobierno de Cantabria, ha rechazado rectificar sus duras acusaciones contra el Rey Juan Carlos I, a quien ha calificado en reiteradas ocasiones de “corrupto”, “evasor fiscal” y “símbolo de la impunidad”. Mientras tanto, el monarca emérito ha iniciado acciones legales contra el líder regionalista por vulnerar su derecho al honor, exigiendo una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros, que serán donados íntegramente a Cáritas.

Sin embargo, esta ofensiva verbal por parte de Revilla se produce en un momento políticamente incómodo para su figura. Según ha informado el periódico El Debate, el jefe de Carreteras de su último Gobierno, Miguel Ángel Díez, está siendo investigado judicialmente por una presunta red de cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales y amaño de contratos públicos. La Policía Nacional, a través de la UDEF, estima que el importe de las mordidas asciende a 2,9 millones de euros.

Toda la información sobre el caso Carreteras ha sido publicada por El Debate, que ha tenido acceso al sumario y a los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Según este medio, el esquema de corrupción consistía en el cobro de mordidas por parte del jefe de Carreteras a empresarios a los que posteriormente se adjudicaban obras millonarias.

El 22 de febrero de 2023, siendo aún Revilla presidente, la Policía detuvo a Miguel Ángel Díez, a su mujer, a sus hijas y a cuatro empresarios. La investigación provocó la dimisión del entonces consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y la de su número dos, Sebastián Martín, ambos del Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

Entre los hallazgos más llamativos revelados por El Debate, figura el uso de las hijas de Díez, de apenas veinte años, para blanquear fondos mediante una sociedad offshore en Suiza. La familia llegó a controlar 13 cuentas bancarias con un saldo superior a los dos millones de euros en el Banco Mirabaud de Luxemburgo. Además, habrían utilizado una empresa de fotocopias, Parivara Legani SL, administrada por la esposa del imputado, para canalizar más de medio millón de euros en dinero blanqueado.

Grabaciones, sobres y marisco: el rastro de las mordidas

Según la investigación de El Debate, la Policía obtuvo imágenes del jefe de Carreteras recibiendo sobres con dinero en metálico tras reunirse con empresarios. Uno de ellos, Elías Celis, propietario de la constructora Rucecán, recibió contratos adjudicados por el Gobierno de Revilla por un valor superior a los 8,8 millones de euros. Otro empresario implicado es José Saiz, del Centro de Jardinería La Encina, donde —también según El Debate— trabajó durante seis meses Jana Revilla, hija del expresidente.

En los pinchazos telefónicos interceptados por la UDEF, también publicados por El Debate, se registraron conversaciones donde se hablaba de la entrega de “un kilo y medio de almejas buenas y dos cajas de anchoas”, “champán y espárragos”, o “anchoas premier y mejillones”. La Policía concluyó que estos productos eran regalos camuflados, forma de dádivas dentro del entramado de favores y contraprestaciones.

Vínculos con el aparato financiero del PRC

El periódico también desveló la existencia de nexos entre la red de corrupción y el entorno financiero del PRC. La esposa de Díez figuraba como partícipe en Proyectos Piélagos SL, una empresa vinculada al tesorero del PRC, Rodolfo Rodríguez Campos, a través de una asesoría domiciliada en el mismo inmueble. Tras la publicación de estas informaciones, el PRC difundió un argumentario interno —también filtrado por El Debate— en el que se pedía a los cargos del partido negar cualquier vinculación con la trama y defender públicamente la honorabilidad de Campos.

A día de hoy, ni Revilla ni el PRC han hecho declaraciones públicas sobre la investigación judicial ni sobre la información publicada por El Debate.

El contraste: la cruzada moral de Revilla contra la corrupción del Rey

Mientras tanto, Miguel Ángel Revilla mantiene una postura inquebrantable contra el Rey emérito. En su reciente comparecencia ante la prensa, lejos de moderar su discurso, ratificó sus acusaciones:

“¿Por qué me demanda a mí y no al CNI o a Bárbara Rey? ¿Por qué yo, que no tengo fuero, ni protección, ni un euro escondido? Porque soy conocido, y esto es un escarmiento público”.

“El verdadero patriotismo no es llevar una pulsera, es pagar impuestos. Y el que no lo hace, traiciona a España”.

En ese mismo acto, admitió que se enteró de la demanda mientras rodaba una película con Antonio Resines, vestido de juez, durante un día laborable, pese a que actualmente ostenta un escaño como diputado en el Parlamento de Cantabria.

Demanda del emérito y acto de conciliación en marcha

El Rey Juan Carlos I, a través de su abogada, ha reclamado una rectificación pública en los mismos canales donde se emitieron las declaraciones ofensivas, como El Hormiguero o La Sexta Noche, así como una compensación económica simbólica destinada a Cáritas. El procedimiento ha comenzado con la solicitud de un acto de conciliación, obligatorio antes de presentar una demanda formal por vulneración del derecho al honor.

Esta acción legal representa un hecho sin precedentes en la democracia española, al ser la primera vez que un jefe del Estado, siquiera emérito, demanda a un político en activo por injurias personales.

Pero el contexto no es neutro: mientras Revilla exige ejemplaridad y transparencia en la Casa Real, su partido y su equipo de gobierno permanecen bajo la sombra de una de las tramas de corrupción más graves en la historia reciente de Cantabria. La incoherencia entre el discurso y la gestión amenaza con erosionar su imagen pública y abrir una brecha entre su personaje mediático y su legado político.

El choque entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla no solo enfrenta a dos símbolos de la España reciente, sino que pone sobre la mesa la tensión entre la crítica política, la libertad de expresión y los límites del honor institucional. Sin embargo, el contexto actual complica el discurso del expresidente cántabro: mientras exige ejemplaridad a la Corona, la Justicia sigue investigando a miembros de su propio Ejecutivo por prácticas gravemente corruptas, como ha documentado El Debate.

Revilla ha construido su figura política como adalid de la transparencia, pero el caso Carreteras —con sus implicaciones familiares, partidarias y contractuales— podría convertirse en el flanco más serio de su legado institucional.