El clamor y la lucha de la sociedad cántabra contra el bullying
Cuatro alumnos del IES Torres Quevedo son investigados por agredir a un compañero con parálisis cerebral I La sociedad cántabra exige justicia y una respuesta contundente
El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Leonardo Torres Quevedo de Santander se encuentra en el ojo del huracán tras salir a la luz un caso de acoso escolar que ha conmocionado a la comunidad cántabra y más allá. La víctima, un estudiante con parálisis cerebral, fue agredido por varios de sus compañeros, en un acto de violencia que, aunque aislado en el tiempo, destapa una problemática más profunda que afecta a muchos centros educativos: el acoso escolar.
El centro tuvo conocimientos de los hechos el 12 de marzo, aunque no fue hasta el 26 de marzo cuando la noticia se hizo pública. La víctima, un menor con discapacidad motora, fue objeto de insultos, humillaciones y, lo que es aún más grave, agresiones físicas, tal como lo muestran las imágenes de un vídeo de 96 segundos que se ha difundido masivamente a través de las redes sociales y medios de comunicación.
En las imágenes, se observa cómo varios de sus compañeros increpan e incluso golpean a la víctima, que, debido a su parálisis cerebral, se desplaza en silla de ruedas. Este tipo de situaciones de acoso, que transgreden los límites de la violencia escolar, no son nuevas, pero la gravedad de los hechos ha generado un fuerte rechazo en la sociedad y un clamor por la justicia.
Un caso que pone en evidencia las deficiencias de los protocolos de protección
La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, encabezada por el consejero Sergio Silva, ha explicado que, aunque estos profesionales tienen una presencia «general» y no permanente, se asignan con carácter estable a los estudiantes que requieren asistencia especial.
En este caso, la ausencia de la persona encargada de velar por la seguridad del alumno plantea la pregunta de si se tomaron todas las medidas preventivas necesarias para evitar una situación como la vivida por el menor.
En cuanto a la respuesta institucional tras el incidente, Silva señaló que la Consejería activó el protocolo de acoso escolar y que los agresores fueron expulsados de manera cautelar durante cinco días, la medida máxima prevista por la ley, hasta que se resolviera el procedimiento disciplinario.
Sin embargo, el expediente disciplinario fue suspendido debido a que la Fiscalía de Menores abrió un procedimiento penal. Los cuatro estudiantes acusados de agredir al joven han sido identificados y se encuentran bajo investigación, con la Fiscalía solicitando medidas cautelares, como el alejamiento de los investigados del menor y del centro educativo.
Las familias alzan la voz: una falta de acción por parte de las autoridades educativas
La familia del estudiante agredido ha sido una de las principales voces de denuncia, lamentando la falta de medidas efectivas y la tardanza en la respuesta de las autoridades.
La madre del menor ha expresado su profundo malestar ante la situación, revelando que, aunque se había dirigido en varias ocasiones tanto al instituto como a la Consejería de Educación, no se había tomado ninguna medida efectiva hasta que la agresión se hizo pública. «El niño sigue en la misma clase con los mismos niños que le han agredido. Eso es injusto», ha afirmado la madre, visiblemente angustiada por la situación.
A pesar de la consternación, la madre ha subrayado que no desea sacar a su hijo del centro educativo, ya que considera que él tiene «derecho a estar en su sitio». No obstante, ha expresado que se siente indefensa ante la falta de respuesta adecuada.
«Los protocolos no están funcionando, las leyes están muy bien sobre el papel, pero a la hora de ponerlas en práctica no sirven», ha declarado, mientras asegura que ha tenido que hacer público el caso para que finalmente se tomaran cartas en el asunto.
Por su parte, la hermana del agredido ha denunciado la «falta de acción» por parte de los responsables del centro educativo, señalando que incluso cuando se activó el protocolo contra el acoso, la tutora asignada para asistir al menor con discapacidad motora estuvo de baja, lo que dejó al joven sin la protección necesaria.
Además, ha indicado que la familia no había tenido conocimiento de los casos de acoso previos, aunque, tras la difusión del caso, varios compañeros de su hermano han manifestado que informaron a los profesores sin que se tomara ninguna medida.
El apoyo social crece, pero la indignación no cesa
La indignación social ante este caso ha sido palpable desde el primer momento. La concentración convocada por la madre del menor y a la que asistieron decenas de personas a las puertas del instituto Torres Quevedo mostró el creciente apoyo a la víctima y su familia.
Organizaciones como la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro educativo, junto con otras entidades como la asociación Tolerancia 0 al Bullying, han condenado de manera enérgica el acoso escolar y han pedido una respuesta más contundente por parte de las autoridades.
La AMPA, aunque ha expresado su rechazo a los hechos, ha apelado a la calma, pidiendo que la situación se resuelva conforme a los protocolos establecidos y se eviten las especulaciones que puedan generar más alarma.
Sin embargo, entidades como Tolerancia 0 al Bullying han sido mucho más críticas, instando a las autoridades educativas y judiciales a aplicar sanciones ejemplarizantes, tanto a los agresores como al centro educativo, si se demuestra que no actuaron con la diligencia debida.
