El caso que Revilla evita: la jueza reabre la mayor investigación de corrupción de su etapa al frente de Cantabria
Mientras Miguel Ángel Revilla mantiene una presencia constante en los medios tras ser demandado por el Rey emérito por unas declaraciones “injuriosas”, la justicia ha reactivado con fuerza la instrucción del caso de corrupción que afecta a su último Gobierno autonómico. El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, dirigido por la jueza Mercedes Compostizo, ha prorrogado la investigación otros seis meses y ha citado a declarar a nuevos testigos e imputados entre abril y mayo. La coincidencia con el calendario judicial de Revilla por el caso de la Casa Real subraya una paradoja incómoda: el político que denuncia la impunidad del Rey guarda silencio ante los delitos graves que se investigan en su propio Ejecutivo.
La trama de las carreteras: una causa judicial viva y ampliada
El caso, revelado por El Debate, gira en torno a Miguel Ángel Díez, jefe de Carreteras del Gobierno cántabro hasta 2023, imputado por cohecho, fraude en la contratación, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. La Policía Nacional, a través de la UDEF, estima que cobró más de 2,9 millones de euros en comisiones ilegales, usando a sus hijas —ambas veinteañeras— para blanquear el dinero en una sociedad offshore suiza.
El proceso ha provocado ya una cadena de dimisiones en la cúpula del PRC: en marzo de 2023 dimitieron el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa —por quien Revilla llegó a decir que “ponía las dos manos en el fuego”—, el director general del área, Manuel del Jesús, y el subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín.
La jueza Compostizo, que ya había solicitado prórrogas anteriores por la magnitud del caso, ha obtenido un refuerzo del órgano judicial y ha fijado nuevas comparecencias entre el 28 de abril y el 15 de mayo. El caso sigue activo, y las ramificaciones alcanzan incluso al tesorero del PRC, Rodolfo Rodríguez Campos, vinculado empresarialmente con la esposa del principal imputado, según las pesquisas de la UDEF.
Las dos justicias: de las cámaras a los juzgados
El 16 de mayo, un día después de que varios investigados declaren ante la jueza, tendrá lugar en el mismo edificio judicial de Las Salesas de Santander el acto de conciliación entre el Rey Juan Carlos y Revilla. En él, el exmonarca le exige al expresidente cántabro una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros, que serían donados a Cáritas. Revilla ha reiterado que no se disculpará, reafirmando su narrativa de honestidad y valentía frente a los poderosos:
“No me retracto. A mí, 50.000 euros me hacen un roto, pero no voy a pedir perdón por decir lo que pienso”.
Lo que no ha mencionado en ninguna de sus múltiples apariciones televisivas —hasta 75 veces en prime time, según él mismo ha contado— es el avance paralelo de una causa judicial mucho más próxima: la que investiga cómo, durante años, su jefe de Carreteras adjudicó presuntamente contratos millonarios a cambio de comisiones, y cómo las mordidas se blanqueaban con anchoas, jamón, champán y sociedades pantalla.
Un relato en crisis: la incoherencia entre discurso y silencio
La estrategia de Revilla ha consistido en presentarse como un político honesto, fiscalizador de las instituciones, y ajeno a los manejos del poder. Así lo reafirmó recientemente:
“Yo no he cobrado nunca nada, ni lo haré. He luchado contra las preferentes, contra la Gürtel, contra Aznar en Irak…”.
Sin embargo, el avance de la causa Carreteras —que él evita mencionar— cuestiona gravemente ese relato. Según los informes de la UDEF, la red operó exclusivamente durante sus gobiernos, y desapareció en la etapa del PP (2011-2015). La conexión directa entre el entramado y altos cargos del PRC, incluida la presencia de su hija en una de las empresas implicadas, convierte el caso no solo en una cuestión administrativa, sino política.
La figura de Revilla atraviesa su mayor prueba pública. Por un lado, se enfrenta a una demanda inédita por parte de un Rey que se siente calumniado. Por otro, permanece en silencio mientras una jueza investiga delitos graves de corrupción en su entorno inmediato. Ambos procedimientos judiciales —el de su denuncia contra la Corona y el que rodea a su partido— se cruzarán literalmente en los pasillos del mismo juzgado.
