El grupo parlamentario del Partido Popular (PP) junto con Vox han aprobado una propuesta en el Parlamento de Cantabria para instar al Gobierno de Cantabria (dirigido por el PP) a implementar becas y ayudas públicas en los próximos años con el fin de evitar que los estudiantes que han cursado educación obligatoria en colegios privados concertados se vean obligados a cambiar a escuelas públicas para realizar el Bachillerato debido a limitaciones económicas.

El objetivo de esta iniciativa es garantizar que las familias de Cantabria puedan permitir que sus hijos continúen su educación en los mismos centros privados concertados en los que han cursado su educación primaria y secundaria, incluso si no cuentan con los recursos económicos suficientes para financiar la educación en estos centros.

La propuesta, originalmente planteada por Vox, fue modificada a través de una enmienda presentada por el PP. Esta enmienda solicita al Gobierno de Cantabria que realice un estudio exhaustivo sobre las tasas de matrícula en colegios privados sostenidos con fondos públicos que tienen acuerdos de concierto en etapas de Primaria y Secundaria, y sobre el perfil de los estudiantes que podrían enfrentar dificultades para continuar su educación en el mismo centro debido a limitaciones económicas. A partir de esta evaluación, se proponen otorgar ayudas a las familias que deseen que sus hijos cursen el Bachillerato en el mismo centro privado en el que han estado matriculados durante la educación obligatoria.

La propuesta original de Vox era aún más amplia e incluía la posibilidad de ampliar los acuerdos de concierto con centros privados que imparten educación postobligatoria y la implementación de un "cheque escolar" que permitiera a las familias elegir libremente el centro escolar de sus hijos, independientemente de su situación social o económica.

Tanto el Partido Socialista (PSOE) como el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) se opusieron firmemente a esta propuesta, argumentando que socavaba uno de los principios fundamentales del sistema educativo, que es la igualdad de oportunidades. Los socialistas expresaron su preocupación de que esta iniciativa buscara incrementar las ganancias de los centros privados al proporcionarles recursos del sistema educativo público. Por su parte, el PRC consideró que esta propuesta rompería el equilibrio entre la educación pública y la concertada y no veía una razón de peso para permitir que los estudiantes de la concertada no cambien de centro.

Es importante destacar que, aunque PP y Vox aprobaron esta iniciativa juntos, no hubo consenso entre ellos en otro asunto relacionado con la reestructuración del sector público empresarial y fundacional de la comunidad. En esta ocasión, el PP votó en contra de una propuesta de Vox para urgir al Gobierno a presentar un plan de reestructuración del sector público a la mayor brevedad. Aunque el PP expresó su compromiso de llevar a cabo esta reestructuración, votó en contra de la propuesta de Vox, argumentando que la iniciativa reflejaba una falta de apoyo a un sector público que considera necesario y fundamental.