La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que reúne a gran parte de los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, confía en que los «buenos propósitos» para resolver este problema que ha mostrado la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, «no se queden en el camino», y ha avisado de que «cuanto más pasa el tiempo, más injusta es la situación» de las familias.

Esta semana la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, se ha comprometido a dar una solución esta legislatura a los propietarios de las 511 viviendas con sentencia de derribo en la comunidad autónoma.

La presidenta, que se reunión con los representantes de AMA, dijo que para ello se seguirá una hoja de ruta que marca como prioridad regularizar su situación y, donde no sea posible, derribar las casas y compensar con una vivienda de sustitución o una indemnización a los afectados.

El presidente de AMA, Antonio Vilela, pide que la solución no se demore más, que se cumplan las resoluciones aprobadas por el Parlamento regional y que las promesas se materialicen porque «ha pasado ya mucho tiempo».

«Normalmente nos pasa con todos los gobiernos. Éste es el noveno consejero de Urbanismo que conocemos. Al principio todo son buenos propósitos, el primer contacto siempre es positivo», destaca el presidente de la asociación, que insiste en que los afectados «necesitan ya hechos concretos».

Puntos claves. Para ello, en AMA consideran claves tres cuestiones: que el Gobierno cántabro agilice las tramitaciones de los planes generales pendientes, como el de Piélagos, para que se apruebe de forma definitiva cuanto antes; que se impulsen las viviendas de sustitución necesarias lo antes posible; y que el Fondo de Derribos cuente con una consignación que permita hacer frente a las indemnizaciones.

Vilela señala que Buruaga se mostró a favor de estos tres puntos. «A las tres cuestiones la presidenta nos dijo sí y nos da la sensación de que quiere hacerlo. Vamos a ver ahora a lo largo de la legislatura si es verdad», asevera.

El presidente de AMA advierte de que, con Miguel Ángel Revilla en el Gobierno, AMA «escuchó cosas parecidas». «Esperamos que ahora por fin se termine con esto», ha resalta, antes de reiterar que, sobre todo, el Gobierno debe cumplir las resoluciones del Parlamento regional, en el sentido de dar una solución a los afectados por las sentencias de derribo.

Vilela insiste en que «cuanto más pasa el tiempo, más injusta es la situación» para los propietarios de las viviendas y sus familias, que en algunos casos llevan más de tres décadas arrastrando este problema.

Radiografía cántabra.

El Gobierno de Cantabria tiene una radiografía de la situación de las 511 viviendas afectadas, que se localizan en los ayuntamientos de Argoños (255), Arnuero (144), Escalante (32) y Piélagos (80).

A AMA le preocupa sobre todo la situación en Argoños, donde están el 80 por ciento del total de viviendas declaradas ilegales. Además, se trata de un municipio «pequeño» y «con pocos recursos» como para poder afrontar este problema.

De Piélagos lo que más inquieta a AMA es que el nuevo Plan General está aún en tramitación y, aunque ya ha pasado la aprobación provisional, quedan todavía toda una serie de trámites, que incluyen nuevos periodos de exposición pública y alegaciones, que pueden dilatar el proceso. En una semana, el próximo 12 de agosto, AMA ha organizado una nueva edición de su Ruta de los Inocentes, la número 14.

Parte a las 10.00 horas de Argoños, a las 11.00 los organizadores tienen previsto concentrarse ante la sede del Ejecutivo, y esperan que esté presente la presidenta regional, y posteriormente irán al Ateneo, donde cuentan con el consejero de Fomento y Ordenación del Territorio, Roberto Media, para que hable de la situación y de las posibles soluciones.