Con el paso de los días se va conociendo más detalles de la presunta trama a de corrupción en la Consejería de Obras Públicas. El diputado del PP, Ínigo Fernández, aseguró que hay un importe de «42 millones» de euros en «contratos amañados en la Administración del Gobierno de Cantabria».

En la presunta trama se investigan a cuatro empresas y fueron detenidas ocho personas, de las cuales una pertenece el prisión provisional, un funcionario que tenía el cargo de jefe del Servicio de Carreteras,  mientras que las otras se encuentran en libertad aunque con obligación de comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

El funcionario, según la investigación obtuvo en 2022 un salario bruto de 69.160 euros de su puesto como alto funcionario del Gobierno regional, pero ingresó en ese año cerca de 2,9 millones de euros en sus cuentas.

Revilla sigue sin tomar medidas dentro del Gobierno. Por su parte, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, está a la espera de conocer el sumario del caso del supuesto fraude en la contratación desde la Consejería de Obras Públicas para saber si se tendrán que tomar medidas para depurar responsabilidades políticas.

«Voy a esperar a leerlo bien», ha dicho Revilla este lunes a preguntas de los medios sobre si se tendrán que tomar medidas ante el estallido de esta presunta trama, después de que la semana pasada manifestara que ponía «la mano en el fuego» por el consejero de Obras Públicas, el regionalista José Luis Gochicoa. «Pongo las dos», remarcó.

De hecho, Revilla, que ha hecho estas declaraciones en Torrelavega, donde acudió para presentar el proyecto del futuro Conservatorio, ha insistido en que, «por lo que sabemos, solo hay un implicado», que el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, un alto funcionario del Ejecutivo, mientras que «no hay ninguna implicación política».

Por ahora, el Gobierno solo conocería el auto dictado el viernes pasado por la jueza, por el que envió a prisión provisional al principal encausado, pero no el sumario, con el que el presidente esperaba poder contar ayer. «En el momento que tengamos la lectura del sumario y lo analicemos con nuestros servicios jurídicos, saldremos a dar una opinión y una respuesta», ha sentenciado Revilla.

RELACIÓN CON EL ALCALDE DE TORRELAVEGA. El alcalde Torrelavega, el también regionalista Javier López Estrada, «presuntamente ha mantenido, o mantiene, relación con alguna de las empresas investigadas en la presunta trama corrupta que afecta al Gobierno de regional», ha indicado Roberto García Corona, coordinador de Vox en el municipio.

García Corona ha puesto de manifiesto que el máximo responsable municipal «debe explicar en qué términos se ha producido la relación» con las empresas investigadas y aportar información documental para aclarar esta «desagradable situación». El responsable de Vox ha señalado que «se deben aclarar estas preocupantes informaciones» para que la imagen del Ayuntamiento de Torrelavega no se vea «salpicada por conductas poco honorables».

El foco puesto sobre el Gobierno de regional. Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha expresado su «estupor, sorpresa e indignación» con las presuntas irregularidades detectadas en las adjudicaciones del servicio de Carreteras regional, «algo muy serio y muy preocupante», con unas cifras «exageradas», por lo que espera que «caiga todo el peso de la justicia» sobre los implicados, entre los que se encuentra el jefe del jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, en prisión provisional desde el pasado viernes, al tiempo que ha manifestado que las empresas supuestamente implicadas trabajarán para el Ayuntamiento «siempre y cuando sea en un procedimiento totalmente legal».

A preguntas de los medios sobre la trama de las carreteras, por las que han sido detenidas ocho personas, incluido el jefe del Servicio de Carreteras y varios familiares, así como responsables de las empresas La Encina, Rucecan y Api Movilidad, Igual ha subrayado que «el foco está puesto en el Gobierno regional», la coalición PRC-PSOE, y no el en Ayuntamiento PP-Cs, que ha contratado, al menos, con La Encina y Rucecan.

En este sentido, Igual ha señalado que no sabe «cómo habrán contratado» estas empresas con el Gobierno pero sí con el Ayuntamiento, donde lo han hecho «de manera legal». «Se tienen todos los informes y no se puede negar el derecho a contratar a ninguna empresa si tiene ese derecho y si lo está haciendo legalmente», ha apostillado.

De hecho, ha afirmado que estas empresas «han trabajado y trabajarán para el Ayuntamiento siempre y cuando sea en un procedimiento totalmente legal».

La alcaldesa ha recordado que La Encina ha trabajado para el Consistorio en el área de Parques y Jardines «con alguna compra de flor de temporada», mientras Rucecan «suele trabajar para el Ayuntamiento». De hecho, este viernes el Instituto Municipal de Deportes (IMD), «con el jurídico delante», adjudicó dos obras a Rucecan para el Complejo Ruth Beitia por 574.400 euros «porque no había razón para no adjudicarlas, porque son concursos públicos a los que se han presentado las empresas que han querido y ha habido alguien que las ha valorado, y está el expediente completo», ha referido la alcaldesa.

La jueza pide refuerzos para estudiar y analizar la «compleja» causa

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estudia el posible refuerzo del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, que lleva la causa de las supuestas irregularidades en los contratos del servicio autónomico de carreteras.

Según ha informado en un comunicado el TSJC, la petición de refuerzo ha partido de la propia titular del juzgado, Mercedes Compostizo, en una comunicación recibida este lunes en la que pone de manifiesto que su juzgado «está tramitando una causa compleja por la presunta comisión de diversos delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación, entre otros lo que, según ha señalado, «exige numerosas horas de estudio y dedicación, estando pendientes de análisis y valoración miles de documentos».

Por ese motivo, la magistrada solicita que se designe a un miembro de la carrera judicial para reforzar el Juzgado, de modo que pueda ayudar a la instructora en la llevanza del órgano, celebrando los juicios por delitos leves y haciéndose cargo de aproximadamente la mitad de las diligencias que se tramitan.

Asimismo, la Sala de Gobierno valora solicitar al Gobierno de Cantabria la designación de un funcionario que pueda auxiliar a la gestora del juzgado que está encargada de tramitar esta «causa compleja».

Aunque en el comunicado del TSJC no se explicita concretamente de qué causa se trata, la petición ha coincidido con el caso de las supuestas irregularidades en los contratos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, por el cual la semana pasada fueron detenidos el jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, M.A.D.B, en prisión provisional en El Dueso; la mujer de este funcionario y varios responsables de las empresas implicadas.