Despliegue militar y policial en El Salvador para combatir a las pandillas
Un contingente conformado por 2.500 miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional fue desplegado en la madrugada del lunes en la colonia 10 de Octubre, ubicada en San Marcos, San Salvador Sur, con el objetivo de implementar un "cerco de seguridad" en respuesta a la presencia de pandillas en esa área. El presidente Nayib Bukele informó de esta acción a través de una publicación en X, antes conocida como Twitter.
"Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre... se encuentra un grupo de pandilleros escondidos", afirmó el mandatario en su comunicado. Según detalló, "hoy, en horas de la madrugada, hemos establecido un cerco de seguridad en toda la colonia, con 2.000 soldados y 500 policías, para extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área". Junto con su publicación, el presidente compartió un video en el que se observa el despliegue de personal militar y policial en la zona.
Este operativo de cerco de seguridad es el último de una serie de intervenciones que se han llevado a cabo en diferentes zonas del país para enfrentar a las pandillas, una estrategia que se enmarca en el régimen de excepción instaurado en marzo de 2022. La medida, que fue aprobada tras un fin de semana de violencia en el que se reportaron más de 80 asesinatos, permite al Gobierno limitar derechos constitucionales como el derecho a la defensa, con el propósito de fortalecer el combate contra las organizaciones criminales. Según investigaciones del medio local El Faro, esta ola de asesinatos ocurrió tras la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
A lo largo de este régimen, se han realizado más de 81.900 detenciones en el marco de la estrategia de seguridad de Bukele, quien ha consolidado esta medida como el principal recurso en su lucha contra las pandillas. Su enfoque ha generado resultados políticos significativos, incluido el avance hacia una reelección inmediata, a pesar de la existencia de una prohibición constitucional en El Salvador.
No obstante, diversas organizaciones humanitarias han expresado su preocupación ante este tipo de operativos y la aplicación del régimen de excepción. Las organizaciones reportan haber recibido más de 6.400 denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, en su mayoría relacionadas con detenciones arbitrarias y torturas. Además, informan de al menos 300 fallecimientos de personas detenidas bajo custodia estatal, muchos de ellos con evidentes signos de violencia.
