Bruselas, 8 mar (EFE).- El juez nacional de un país de la Unión Europea debe cerciorarse de que las sanciones que se aplican por el incumplimiento de las obligaciones administrativas relacionadas con el desplazamiento de trabajadores sean proporcionadas, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictada este martes.

En ese sentido, la corte comunitaria asegura que el juez de un Estado miembro puede aplicar un régimen sancionador nacional contrario a la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores siempre que garantice la proporcionalidad de las sanciones.

El TJUE se pronuncia en ese sentido en un caso relacionado con una empresa establecida en Eslovaquia (CONVOI) que desplazó a trabajadores por cuenta ajena a una sociedad establecida en Fürstenfeld (Austria).

Tras una inspección, en 2018 la administración del distrito de Hartberg-Fürstenfeld (Austria) impuso una multa de 54.000 euros por incumplimiento de diversas obligaciones establecidas en la ley austriaca en materia de Derecho laboral en relación, en particular, con la conservación y la puesta a disposición de documentación salarial y de la Seguridad Social.

La empresa recurrió la resolución ante el Tribunal regional de lo contencioso-administrativo de Estiria (Austria) y esa corte, al albergar dudas sobre si las sanciones contempladas en la normativa austriaca se ajustaban al Derecho de la Unión, planteó al TJUE una petición de decisión prejudicial.

En un auto publicado en 2019, la corte comunitaria constató el carácter desproporcionado de la combinación de diversos elementos del régimen sancionador austriaco relativo al incumplimiento de obligaciones, esencialmente administrativas, de conservación de documentación sobre el desplazamiento de trabajadores.

El tribunal austriaco señala que, tras dictarse el auto, el legislador nacional no ha modificado la normativa, por lo que decidió consultar al TJUE sobre si la ley nacional puede desecharse y en qué medida.

En su sentencia de hoy, el TJUE declara que el artículo 20 de una directiva de 2014 sobre trabajadores desplazados, que exige que las sanciones sean proporcionadas, está dotado de efecto directo y puede ser invocado por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales frente a un Estado miembro que lo haya transpuesto incorrectamente.

Además, la prohibición de adoptar sanciones desproporcionadas no necesita la adopción de ningún acto de las instituciones de la Unión.

La corte agrega que el principio de primacía del Derecho comunitario impone a las autoridades nacionales la obligación de dejar inaplicada una normativa nacional que en parte contraviene la exigencia de proporcionalidad de las sanciones establecida en el artículo 20 de la directiva únicamente en cuanto sea necesario para permitir la imposición de sanciones.

El TJUE reitera que la normativa austriaca va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos debido a la combinación de sus diferentes características, si bien de forma aislada esas características no transgreden necesariamente esa exigencia.

Añade que para garantizar la plena eficacia de la exigencia de proporcionalidad de las sanciones establecida en la directiva comunitaria, corresponde al juez nacional desechar la parte de la normativa nacional de la que dimane el carácter desproporcionado de las sanciones, de modo que se impongan sanciones proporcionadas y que a la vez sean efectivas y disuasorias. EFE

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