Cuarenta y cinco años después de la promulgación de la Constitución Española, prominentes expertos en Derecho Constitucional expresan una creciente preocupación por el estado actual de la norma fundamental. En este contexto, el catedrático gallego Roberto Blanco Valdés plantea inquietudes significativas sobre el consenso y la viabilidad de abordar una reforma constitucional.

Según Valdés, la confrontación entre los principales partidos políticos y la manera audaz en que el Gobierno aborda la política a nivel nacional hacen que resulte inimaginable llevar a cabo una reforma constitucional, especialmente considerando la propuesta unilateral del Ejecutivo, que él describe como un disparate.

Blanco Valdés destaca que, aunque la única materia verdaderamente relevante para una reforma constitucional podría ser la cuestión territorial, esta opción se vuelve inviable en el contexto de un Gobierno que parece entregado a separatistas con aspiraciones de independencia, buscando no solo mayores recursos o competencias, sino el poder soberano en sí mismo.

La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Castilla La Mancha, Luisa María Gómez Garrido, se suma a la preocupación, enfocándose en la salud de las constituciones y su dependencia del respeto de las sociedades y las instituciones.

Garrido destaca que la Constitución está experimentando una de las mayores erosiones en un periodo democrático, enfatizando cómo se intenta generar una nueva situación socio-política e institucional sin alterar formalmente la Carta Magna, mediante una serie de asunciones institucionales de reformas legislativas que, en muchas ocasiones, son abiertamente inconstitucionales. La magistrada subraya la obsesión del poder político por condicionar o incluso eliminar el contrapeso del Poder Judicial y controlar instancias interpretativas clave como el Tribunal Constitucional.

Antonio Salas Carceller, magistrado emérito del Supremo, y Manuel Aragón, exmagistrado, comparten la crítica visión sobre la amenaza que representa la ley de amnistía para el ordenamiento jurídico. Ambos advierten que el incumplimiento de la Constitución con la intención de evitar modificaciones representa un peligro extremo para el sistema democrático.

El magistrado Luis Sanz, perteneciente a la Audiencia Provincial de Madrid, contribuye a la discusión destacando que tanto la ley de amnistía como el pretendido referéndum en Cataluña encubren una suerte de reforma constitucional que se sitúa al borde de los límites legalmente previstos.

Finalmente, el catedrático de Derecho Constitucional, Vicente Garrido, señala que estamos atravesando el peor momento de la etapa constitucional, atribuyendo esta situación a las exigencias inaceptables de separatistas catalanes, quienes, según él, se ven sorprendentemente premiados.

A pesar de estas dificultades, Garrido confía en que la Constitución resistirá a los ataques y los incumplimientos, gracias a su rigidez, que, aunque no impide su reforma, requiere un alto consenso. El jurista valenciano destaca la importancia de respetar los tres elementos esenciales que sustentan el edificio constitucional: el Estado social y democrático de derecho, la unidad nacional con reconocimiento de las autonomías, y la monarquía parlamentaria.