El Gobierno de Israel, a través de su embajada en Madrid, ha formulado acusaciones dirigidas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, señalándolo de impulsar indirectamente a Hamás al catalogar como "genocidio" la reciente operación militar israelí en la Franja de Gaza. Este pronunciamiento ha desatado un intenso debate internacional sobre las posturas adoptadas por ambas naciones respecto al conflicto en la región.

En un comunicado emitido por la embajada israelí en España, se expresó una profunda preocupación ante lo que perciben como una deslegitimación del Estado de Israel, así como una incitación al odio y al antisemitismo. En palabras textuales, se afirmó que "la demonización y deslegitimación de Israel, recurriendo a acusaciones carentes de fundamento, da alas a Hamás y a quienes persiguen la desaparición del estado de Israel, son una clara incitación al odio y alientan el antisemitismo". Estas declaraciones, emitidas en un contexto de tensión creciente en la región, resaltan la sensibilidad del tema y la preocupación de Israel por su imagen internacional.

La acusación israelí no se limitó únicamente al Gobierno español, sino que también se extendió a sectores de la sociedad civil y a organizaciones de derechos humanos. Se denunció lo que se considera como un "incomprensible silencio en España de la mayoría de los intelectuales y organizaciones de derechos humanos", acusándolos de ignorar a los secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre en la Franja de Gaza. Esta mención específica a casos de violaciones de derechos humanos recientes agrega un elemento de urgencia y gravedad a la declaración de la embajada israelí.

En respuesta a estas acusaciones, el Gobierno español ha manifestado su posición a través del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. El ministro envió cartas a empresas españolas con intereses económicos en Israel, advirtiéndoles sobre el riesgo de contribuir al conflicto en Palestina con sus actividades. Según informaciones del Ministerio, en estas misivas se insta a las empresas a tomar medidas para evitar que sus operaciones económicas en la región alimenten violaciones de derechos humanos.

Las reacciones dentro del propio Gobierno español han sido diversas y reflejan la complejidad del tema. Mientras el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado desconocer la existencia de estas cartas, desde el Ministerio de Exteriores se ha expresado confusión, indicando que es la primera noticia que tienen de dicha correspondencia y desentendiéndose del contenido. Esta falta de coherencia en la respuesta gubernamental agrega un componente adicional de incertidumbre y especulación en torno a las acciones del Gobierno español en relación con el conflicto en Oriente Medio.

En resumen, las acusaciones de Israel hacia el Gobierno español y la respuesta de este último han generado un intenso debate sobre las posturas internacionales y la responsabilidad de los Estados y las empresas en contextos de conflicto. El tema continúa siendo objeto de atención tanto a nivel nacional como internacional, y es probable que siga siendo objeto de discusión y análisis en los próximos días y semanas.