En el horizonte político de España, se avecina un momento crucial con la aprobación pendiente de la proposición de ley de amnistía en el pleno del Congreso. Se espera que la decisión se tome el próximo martes, tras lo cual la legislación se enviará directamente al Senado, institución en la que el Partido Popular (PP) cuenta con una mayoría absoluta. Este acontecimiento plantea interrogantes sobre la capacidad real del PP para ejercer su influencia más allá de la mera dilatación del proceso legislativo.

Ante la inminencia de que la amnistía llegue al Senado, Santiago Abascal, líder de Vox, ha intensificado su llamado al PP, instándolo en una entrevista en COPE a vetar la proposición de ley en la Mesa del Senado y a no admitirla a trámite. En este contexto, Abascal ha sugerido la solicitud de un informe a los letrados del Senado, advirtiendo que, en caso de ser declarada competente y admitida a trámite, Vox emprenderá acciones legales, específicamente querellas por prevaricación contra los miembros de la Mesa, presidida por el popular Pedro Rollán. Cabe destacar que esta estrategia ya fue utilizada por Vox contra la Mesa del Congreso, compuesta por miembros del PSOE y Sumar, cuando se dio luz verde a la proposición de ley en noviembre. 

En el Senado, la Mesa se encuentra en una posición delicada, ya que históricamente no ha inadmitido ninguna proposición de ley procedente del Congreso. El Reglamento del Senado detalla claramente que su función principal en este contexto es remitir la proposición a la comisión correspondiente y abrir un plazo para presentación de enmiendas. Los populares sostienen que Vox interpreta de manera errónea y consciente el reglamento, según Alfonso Serrano, senador y secretario general del PP de Madrid.

Este enfrentamiento legislativo, si se mantiene, sería un precedente inédito en el sistema parlamentario español. La Mesa del Senado se encuentra limitada en sus funciones por el Reglamento, que no contempla la inadmisión de propuestas previamente aprobadas por el Congreso. Un dilema que podría derivar en un conflicto constitucional entre ambas cámaras.

Los populares argumentan que Vox está malinterpretando de manera intencionada el reglamento del Senado. Según Serrano, la afirmación de que el PP tiene la capacidad de detener la proposición es falsa. En sus palabras, "Somos demócratas y queremos combatir la ley de amnistía con la ley y el Estado de Derecho".

Posible Estrategia del PP

Ante la limitada capacidad de veto, el PP podría optar por estirar los plazos del trámite parlamentario, como ya hizo en noviembre al reformar el Reglamento del Senado. Según la modificación, la Mesa del Senado puede decidir si tramita una proposición de ley por la vía de urgencia en 20 días o por la vía ordinaria en dos meses. Los observadores políticos sugieren que los populares probablemente optarán por la vía ordinaria.

Esta modificación también incluyó cambios que permiten la comparecencia del presidente del Gobierno y sus ministros durante el trámite parlamentario de la amnistía, si lo solicitan "dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los miembros de la Cámara". En este período, se espera que juristas y expertos emitan sus opiniones sobre la propuesta de ley. Además, el PP planea convocar una nueva sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para dar voz a los presidentes regionales, en un intento por ampliar el espectro de opiniones.

Dificultades en el Senado

A pesar de los esfuerzos del Senado, no ha logrado obtener un informe del fiscal general del Estado sobre la iniciativa. Álvaro García Ortiz, en una carta dirigida a Rollán, argumenta que, aunque podría hacerlo, no es competencia de la Fiscalía elaborar un informe sobre una proposición de ley. Esta negativa agrega un elemento adicional a la complejidad del proceso.

En conclusión, el escenario político en España se prepara para una fase intensa y desafiante en el Congreso y el Senado, donde se dilucidará la viabilidad y el alcance de la proposición de ley de amnistía.