Pedro Sánchez y su equipo ministerial han permanecido más de cinco meses sin someterse al control parlamentario, desde antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Esta situación continuará, ya que el presidente en funciones no planea cambiar su enfoque hasta que se celebre el pleno de investidura, cuya fecha aún no se ha establecido, a pesar de que el Rey designó a Sánchez como candidato el 3 de octubre pasado.

La última sesión de control al Gobierno en el Congreso tuvo lugar el 17 de mayo y estuvo marcada por el escándalo de la inclusión de 44 etarras en las candidaturas de Bildu. Inmediatamente después de los comicios, el presidente convocó elecciones generales y disolvió las Cortes.

Sin embargo, tanto el Congreso como el Senado se constituyeron oficialmente para la XV legislatura el 17 de agosto, hace más de dos meses. A pesar de esto, Sánchez y sus ministros continúan sin comparecer en el Parlamento, amparados en el argumento de que el Gobierno está en funciones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha desestimado este argumento en una sentencia de 2018, señalando que el Gobierno en funciones no está exento del control del Parlamento.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, también ha sido criticada por no convocar la Junta de Portavoces ni plenos, excepto por la sesión conjunta que se celebrará el 31 de octubre para el juramento de la Princesa Leonor.

Además, Armengol no ha establecido la fecha de la investidura de Sánchez ni ha iniciado el proceso para constituir las comisiones, excepto las relacionadas con el Estatuto del Diputado y las Peticiones.

Esta situación ha llevado a situaciones inusuales, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, citando a los grupos parlamentarios en la sede del Ministerio debido a la falta de una Comisión de Interior en el Congreso.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no ha atendido la solicitud del PP para comparecer en el Congreso.

El Partido Popular ha denunciado la "injustificable parálisis institucional" provocada por Armengol en el Congreso y ha recordado que el Congreso no debería cerrarse ni en tiempos de guerra, ya que no está en funciones.

A pesar de haber transcurrido dos meses desde el inicio de la legislatura, ni siquiera se ha constituido la Diputación Permanente, el órgano de guardia en periodos fuera del periodo ordinario de sesiones.

A pesar de estos obstáculos, los grupos parlamentarios intentan mantener algo de actividad en el Congreso mediante preguntas escritas al Gobierno y proposiciones de ley, aunque hasta ahora sin éxito.

Cabe destacar que en la legislatura anterior, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la situación similar a la actual, cuando la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cerró la Cámara Baja durante el primer estado de alarma.