Vox ha enviado un escrito a la Delegación del Gobierno en Pamplona en el que solicita la suspensión del acto conocido como ‘Ospa Eguna’ en Alsasua (Navarra), que está programado para el sábado 3 de septiembre, «con el fin de que se proteja a las víctimas de ETA».

Así, recuerda que el objetivo del acto es «mostrar rechazo a la Policía y a la Guardia Civil». La vicesecretaría jurídica nacional de Vox, bajo la dirección de Marta Castro, advierte de que este mensaje, además de rechazar la presencia de la Guardia Civil y Policía, «difunde la idea de que sus integrantes no son dignos de respeto y autoridad».

Además, continúa, «de forma absolutamente falsa propaga que son los causantes de una represión a los trabajadores para crear en el imaginario de sus seguidores la maldad de los integrantes de estos cuerpos y conseguir con ello difundir el rechazo de los mismos». Además, fundamenta Castro en su escrito que la finalidad de este acto es «constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo, de acuerdo con el artículo 578 del Código Penal (CP), y de un delito de odio, artículo 510 del CP».

Protección a las víctimas del terrorismo. En este sentido, el acto, recuerda Vox, «debe ser suspendido por la Subdelegación del Gobierno de acuerdo con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas».

«Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición, y prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas», añaden desde Vox. «Además, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores», finalizan.

Antecedentes. En agosto de 2019, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió mantener el acto del Ospa Eguna (día del adiós) en Alsasua (Navarra) en contra del criterio de la Fiscalía, pero ordenó a autoridades y fuerzas de seguridad controlarlo ante la posibilidad de que se cometa algún delito.  Este acto siempre ha generado controversia. En esa oportunidad,  el magistrado afirmó que «no existe constancia alguna» de que «se haya producido o se vaya a producir delito alguno» en el ‘Ospa Eguna’ y que, en todo caso, es la Consejería de Interior del Gobierno navarro la que debe decidir si la convocatoria, prevista en el marco de las fiestas del municipio, «se ajusta a la normativa para su celebración», pero pidió refuerzos policiales.

Jucil pide que se impida el acto al considerarlo un «delito de odio»

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil insta al Defensor del Pueblo, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía a que detengan el evento

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, ha reclamado el amparo del Defensor del Pueblo de Navarra, del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado para que «se evite la comisión de un delito de odio» el próximo 3 de septiembre en Alsasua donde está previsto el llamado «Ospa Eguna».

En el escrito dirigido a cada una de estas instituciones, propone que se apliquen los medios administrativos y judiciales necesarios para la suspensión de esa convocatoria al considerarla «un delito de odio que persigue como única finalidad la humillación, el acoso y el ataque hacia los guardias civiles”, en palabras del secretario de JUCIL en Navarra, César Antolínez.

A través de estas actuaciones, según señala en un comunicado, defienden los derechos laborales y sociales de los guardias civiles destinados en Navarra ante “estos ataques injustificados que todavía en la actualidad sufrimos, casi a diario, en algunos puntos de la Comunidad Foral».

En su opinión, los actos del ‘Ospa Eguna’ atentan contra la Guardia Civil y los funcionarios que la sirven, así como contra las víctimas del terrorismo. «Además de ser constitutivos de un delito de odio hacia los guardias civiles, tienen la pretensión de perpetuar uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente y que tantas vidas costaron a los guardias civiles y a sus familias”, añaden. Por eso, esperan del Ministerio Fiscal «la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley en los términos encomendados por el artículo 124 de la Constitución española”.

JUCIL también ha traslado la petición de suspensión de estas actividades al Ministerio del Interior al que solicita que adopte las medidas oportunas y, en su caso, se transmitan las instrucciones pertinentes a la Delegación del Gobierno en Navarra.