El pasado 9 de abril, en una decisión trascendental, el Consejo de Ministros ha ratificado el traspaso de tres competencias al País Vasco. Este hecho, que ya había sido acordado hace más de un mes y aprobado hace dos, marca un hito en la relación entre el gobierno central y la comunidad autónoma. Las áreas transferidas incluyen la gestión del tren de Cercanías, la equiparación de títulos universitarios extranjeros y la acogida de personas refugiadas, demandas largamente anheladas por el nacionalismo vasco, específicamente por el PNV.

Sin embargo, sorprendentemente, no ha sido hasta el pasado viernes, coincidiendo con el cierre de la campaña electoral, cuando este traspaso ha sido formalizado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), adquiriendo así su carácter oficial. Esta demora en el proceso ha suscitado diversas interpretaciones y ha añadido una capa de interés político a la medida adoptada.

El ejecutivo, al proceder con este traspaso justo en el umbral de las elecciones, no solo marca un hito en su gestión, sino que también envía un mensaje político claro. Se interpreta como un gesto de conciliación y búsqueda de alianzas con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con miras a futuras negociaciones postelectorales.

Según los documentos oficiales, emitidos a través de tres reales decretos emanados del Ministerio de Política Territorial, se establece que "quedan traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones de la Administración del Estado correspondientes a los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías". Este traslado de competencias implica que la comunidad vasca asumirá la regulación, planificación, gestión, coordinación e inspección de los servicios ferroviarios, incluyendo la potestad tarifaria, los horarios y las frecuencias de los trenes.

En cuanto a la equiparación de títulos universitarios extranjeros, la normativa establece que "quedan ampliadas las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros), según figura en el Acuerdo de la Comisión Mixta y en los términos y condiciones que allí se especifican".

Sin embargo, este punto ha generado controversia, especialmente entre las asociaciones de médicos, que han argumentado que esta transferencia de competencias es inconstitucional, al considerar que se está despojando a una Comunidad Autónoma de una competencia que la Constitución Española reserva exclusivamente al Estado.

Por último, el tercer real decreto aborda el sistema de protección internacional en relación con el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Según el documento, "quedan ampliados los servicios del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2768/1980, de 26 de septiembre, en materia de Sanidad, Servicios y Asistencia Sociales (fase de autonomía del sistema de protección internacional)".