En un capítulo inesperado del ya complejo caso Tito Berni, el inspector jefe de la Policía Nacional, quien lideró la fase inicial de la investigación, ha presentado dos denuncias que podrían tener repercusiones significativas en el desarrollo del proceso. La primera, actualmente bajo análisis en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, revela un episodio alarmante: la sustracción ilícita de los teléfonos móviles de Antonio Navarro Tacoronte, conocido como El Mediador, por parte de presuntos agentes de la Policía Nacional. Este hecho, perpetrado sin el consentimiento del titular, ocurrió en la caja fuerte del despacho que ocupaba el entonces jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Francisco Moar, según señalan fuentes judiciales y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a THE OBJECTIVE.

El allanamiento y hurto denunciados por el propio mando tuvieron lugar en las propias instalaciones policiales. La versión del inspector jefe sostiene que este evento ocurrió poco antes de que el comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife, Luis Felipe San Martín Fernández-Marcote, suspendido actualmente por presunta violencia de género, lo apartara del caso Tito Berni. La justificación que esgrimió San Martín Fernández-Marcote fue la supuesta acatación de una orden emitida por la jueza María Ángeles Lorenzo Cáceres, actual instructora del caso.

Este último aspecto ha motivado una queja/denuncia por parte del inspector jefe ante el CGPJ, solicitando la investigación de posibles sanciones disciplinarias o penales contra la magistrada. La acusación se centra en supuestos hechos que, de confirmarse, podrían haber obstaculizado la investigación durante el último año. La denuncia del inspector jefe, a la que THE OBJECTIVE ha tenido acceso, plantea interrogantes respecto a la integridad y fiabilidad de la cadena de custodia de los dos dispositivos móviles pertenecientes a El Mediador. Estos elementos son esenciales para la pesquisa, ya que inicialmente fundamentaron las acciones legales contra el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuertes Curbelo, junto a otras veinte personas entre empresarios, un general de la Guardia Civil y políticos autonómicos y locales, imputados por presuntos delitos de corrupción.

La denuncia del inspector jefe, apartado del caso Tito Berni en abril de 2023, incluye una querella por presunta denuncia falsa dirigida contra siete agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos, que actualmente continúan liderando las pesquisas. Estos agentes suscribieron una denuncia interna por supuesto acoso laboral contra Moar, la cual fue archivada administrativamente. Este hecho tuvo como resultado la separación del Inspector Jefe de la investigación justo en el momento en que comenzaban a emerger nuevas líneas de trabajo y se perfilaban nombres de otros individuos supuestamente implicados en el caso Tito Berni.

A pesar del archivo posterior del expediente administrativo contra Moar por acoso laboral, la investigación del caso Tito Berni permanece en manos de los agentes ahora querellados por denuncia falsa, entre otros delitos. Tanto la jueza Lorenzo como la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Canarias mantienen apartado del caso, exclusivamente, a Moar.

Otro aspecto relevante de la denuncia del inspector jefe se centra en una supuesta "amistad íntima" entre la jueza Lorenzo y el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Bueno. Este último, junto con seis agentes de su equipo, presentaron la mencionada denuncia por acoso laboral contra el inspector jefe. Sorprendentemente, la magistrada del caso Tito Berni ha optado por mantener a los siete querellados en la investigación, mientras que Moar ha sido definitivamente relevado de su cargo como Jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Santa Cruz de Tenerife.

La denuncia ante el CGPJ, según fuentes jurídicas, expone la solicitud del inspector jefe para que la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces investigue las posibles "responsabilidades disciplinarias, y en su caso, penales" de la jueza en relación con varios hechos descritos en la queja. Entre ellos, se destaca la presunta negativa de José Antonio Bueno, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos, a acatar un oficio enviado por Moar a la jueza en marzo de 2023. Este documento tenía como objetivo "salvaguardar la investigación judicial frente a los inminentes riesgos derivables de la desmesurada trascendencia mediática del procedimiento en aquel momento, como consecuencia de las posibles filtraciones que se estaban produciendo".

Cabe destacar que, meses después, El Mediador denunció al propio José Antonio Bueno por la presunta filtración de audios y otros documentos de la investigación a medios de comunicación. Aunque esta investigación fue archivada posteriormente, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

Actualmente, la denuncia del inspector jefe contra José Antonio Bueno y los seis agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos que investigan el caso Tito Berni se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife. Esta denuncia, que abarca presuntos delitos de allanamiento de despacho profesional, sustracción de terminales móviles y denuncia falsa, corre en paralelo a la queja presentada contra la jueza Lorenzo ante el CGPJ. En este contexto, el mando policial revela que los dos teléfonos de Navarro Tacoronte fueron sustraídos presuntamente por los policías ahora querellados, sin su permiso, de la caja fuerte del despacho donde eran custodiados por Moar.

En calidad de jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos bajo las órdenes de Moar, según la denuncia, José Antonio Bueno era la única persona que tenía una copia de la llave de su despacho, así como de la contraseña de la caja fuerte que albergaba los teléfonos de El Mediador en el momento de su sustracción sin autorización del entonces jefe de la Policía Judicial de Tenerife. En el escrito, Moar asegura que hasta ese momento, su relación laboral con José Antonio Bueno y su equipo era fluida y cordial, llegando incluso a proponer a varios de ellos para recibir condecoraciones por su destacado desempeño en el marco del caso Mediador desde enero de 2022.

Otra arista de la denuncia del inspector jefe se centra en una supuesta "orden verbal" emitida en abril de 2023 por la jueza Lorenzo al comisario provincial San Martín Fernández-Marcote. Esta presunta orden consistía en denegar a Francisco Moar el acceso a las actuaciones relacionadas con la investigación policial de la denominada Operación Sala Trece, también conocida como caso Mediador. Moar alega que esta orden, según su denuncia ante el CGPJ, sería "ilegal, abusiva, excesiva y absolutamente desproporcionada y ajena al buen fin de la investigación". Además, considera que esta instrucción se sitúa extramuros de las competencias y funciones de la jueza, invadiendo ilegítimamente competencias orgánicas ajenas a su jurisdicción.

El inspector jefe sostiene que la jueza debió haber formalizado esta presunta orden de manera escrita, motivada y justificada, incorporándola al procedimiento y notificándola legalmente. Alega que esta decisión ilegal tenía como único propósito apartarlo de la investigación, subrayando la ilegalidad de la misma y su conocimiento pleno por parte de la magistrada.

THE OBJECTIVE se ha comunicado con el inspector jefe para obtener declaraciones sobre estos eventos, pero ha declinado hacer comentarios al respecto, considerando que el asunto se encuentra actualmente en manos de la justicia. La trama en torno al caso Tito Berni continúa desarrollándose, con cada revelación añadiendo capas de complejidad a una investigación que ya de por sí ha capturado la atención pública y judicial.