Según informes provenientes de la Puerta del Sol, la Agencia Tributaria ha instado a la Tesorería del Estado a reembolsar la suma de 552.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta petición, según publica El Debate, está vinculada a una propuesta de acuerdo por parte de González, quien estaría dispuesto a pagar 340.000 euros como parte del proceso. En palabras de fuentes cercanas a la administración madrileña, si la Fiscalía accede a este acuerdo, el juicio podría ser anulado.

De acuerdo con los datos presentados, esta solicitud y la eventual aceptación del acuerdo propuesto dejarían un saldo favorable de más de 200.000 euros para el implicado. Desde la Comunidad de Madrid, se sostiene la creencia de que cualquier negativa por parte de la Fiscalía a este acuerdo sería más por motivos políticos que técnicos. Esto surge tras la reciente asunción de responsabilidad por parte del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, respecto a la filtración de datos personales de la pareja de Díaz Ayuso.

Se destaca además que la misma entidad que en un principio fue considerada como una "pantalla interpuesta" por la AEAT ahora no sería reconocida como tal. En este contexto, voces cercanas a la presidenta consideran que este proceso evidencia una "cacería política" y respalda la veracidad de las declaraciones de Díaz Ayuso. El portavoz del Gobierno madrileño y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que esta situación confirma la honestidad de las declaraciones de la presidenta y sugiere un uso inapropiado de los recursos estatales para atacar a un individuo.

En una declaración reciente, la presidenta expresó su descontento con lo que percibe como una "impunidad" en el país, especialmente luego de que el Fiscal General del Estado admitiera su responsabilidad en la filtración de datos personales. La denuncia original contra Alberto González Amador fue presentada en marzo por la Fiscalía de Madrid, presidida por un ex alto cargo del Gobierno anterior, por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

La jueza a cargo del caso ha citado a declarar a la pareja de Ayuso y a otras cuatro personas para el 20 y 21 de mayo. En su consideración, los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de indicios de dos delitos de defraudación tributaria por el impuesto de sociedades de los años 2020 y 2021.

Mientras tanto, González Amador ha presentado una querella contra la fiscal jefe de Madrid por presunta revelación de secretos. Esta denuncia intenta neutralizar las acciones de la Fiscalía General del Estado, cuyo líder ha asumido la responsabilidad de la filtración de datos. La estrategia de García Ortiz se percibe como un intento de manejar las discrepancias en la Fiscalía Superior y neutralizar el escándalo.