En los últimos días, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar han exhibido marcadas discrepancias en temas fiscales y de transporte, justo en la antesala de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), programados por Hacienda para su presentación en marzo y su entrada en vigor antes del verano.

Esta semana, los ministros han iniciado comparecencias en el Congreso para esbozar las directrices de sus respectivos departamentos. Los portavoces de Sumar no han ocultado sus divergencias, generando enfrentamientos con la facción socialista del Gobierno.

En el ámbito fiscal, la discrepancia principal entre los socios de coalición se centra en un impuesto extraordinario a empresas energéticas. Mientras la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, buscan establecer este tributo de manera permanente con deducciones por inversiones verdes, Sumar se opone rotundamente. Carlos Martín, portavoz de Economía de Sumar, subraya la necesidad de evitar desgravaciones para empresas y propone una posible "modulación" de los impuestos existentes.

Sumar ha presentado una serie de propuestas fiscales adicionales al PSOE, incluyendo un nuevo tributo a grandes herencias, un gravamen en la cadena alimentaria por márgenes "excesivos", la eliminación de la exención del IVA en educación universitaria privada, una rebaja de este impuesto para peluquerías y veterinarios, y un IVA "superreducido" para pañales y productos sin gluten.

Por otro lado, la ampliación del Puerto de Valencia y la del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas han sido fuentes adicionales de desacuerdo. Sumar critica la operación en Valencia por considerarla "insostenible" e "innecesaria", mientras que la expansión de Barajas es tachada de "despropósito económico y ecológico" por Íñigo Errejón, futuro portavoz de Sumar en el Congreso.