En un pronunciamiento trascendental, la Comisión Europea ha hecho público un informe que destaca a España como el país de la Unión Europea con las proyecciones más alarmantes en términos de aumento del gasto en pensiones. Este comunicado, que llega en un momento crucial para el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español, revela datos preocupantes sobre el impacto de las reformas implementadas y las implicaciones financieras que conllevan.

El informe en cuestión, denominado Informe de Envejecimiento de 2024, detalla exhaustivamente las previsiones a largo plazo sobre el gasto público en pensiones en toda la UE, con especial énfasis en el caso español. Según las proyecciones, se anticipa que las medidas de reforma adoptadas, que incluyen la última fase de la reforma liderada por Escrivá durante su mandato como ministro de la Seguridad Social, tendrán un impacto sustancial en el presupuesto del país.

Uno de los puntos más destacados del informe es la proyección de un aumento del gasto de hasta 4,6 puntos porcentuales del PIB en el período hasta 2070. Esta cifra, que equivale a una suma considerable que supera los 60.000 millones de euros, revela la magnitud del desafío al que se enfrenta el sistema de pensiones español en las próximas décadas.

El documento también detalla que las medidas de reforma implementadas en 2021 y 2023 contribuirán significativamente a este aumento del gasto. La nueva indexación en base al IPC, aprobada en 2021, y la eliminación del factor de sostenibilidad en 2023, que ha dado paso a un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, son identificadas como los principales motores de este incremento presupuestario.

El informe advierte que estas medidas conducirán a un aumento del gasto público en pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070. Estos datos subrayan la urgencia de abordar la situación y encontrar soluciones sostenibles a largo plazo para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones en el futuro.

Un aspecto crucial que se destaca en el informe es la vinculación entre la segunda fase de la reforma de pensiones y el cuarto desembolso de los fondos Next Generation. Este enlace plantea interrogantes sobre la aprobación y evaluación de estos fondos por parte de la Comisión Europea, cuyo veredicto se espera para el 20 de mayo.

Las reacciones a este informe no se han hecho esperar. Figuras políticas y expertos económicos han expresado su preocupación por las implicaciones financieras y la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Eurodiputados, como Monika Holmeier y Isabel Benjumea, han planteado dudas sobre la efectividad de las medidas de reforma y han instado a una evaluación exhaustiva de las mismas.

En conclusión, este informe de la Comisión Europea pone de relieve la gravedad de la situación y la necesidad de abordar urgentemente las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. La evaluación pendiente de los fondos Next Generation y la incertidumbre sobre su aprobación añaden un elemento adicional de preocupación en este escenario.