En una operación que ha sacudido los cimientos políticos de Melilla, Mustafá Aberchán, expresidente de la Ciudad Autónoma y líder de Coalición por Melilla, ha sido detenido en Santander en el marco de la 'operación Santiago-Rusadir', una investigación centrada en la supuesta compra de votos durante las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo. La Policía Nacional, con el apoyo de la delegación en Cantabria pero bajo la coordinación de la Jefatura de Madrid, llevó a cabo la detención.

La trama investigada ha vuelto a poner el foco en la integridad electoral de Melilla, reviviendo el escándalo de manipulación de votos que ya perturbó las elecciones. Nueve meses después de esos comicios, la investigación ha desembocado en el arresto de Aberchán, quien, además de su carrera política, es conocido por su profesión de cirujano. Junto a él, fueron detenidos cuatro exconsejeros y una exviceconsejera, todos sospechosos de participar en un presunto esquema de amaño de contratos públicos vinculado a una estrategia de fraude electoral.

La Fiscalía Anticorrupción, tras analizar el caso, sostiene la existencia de un "sistema organizado" de compra de votos que se habría estado ejecutando desde 2018, abarcando al menos dos ciclos electorales. Este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha ordenado el ingreso en prisión de cuatro de los siete detenidos, mientras que un quinto, aprehendido en Barcelona, fue puesto en libertad provisional con la condición de comparecer ante la justicia cuando sea requerido.

La 'operación Santiago-Rusadir' no solo ha provocado detenciones, sino también registros en Melilla y Granada, bajo la dirección del Juzgado melillense de Primera Instancia e Instrucción número dos, que ha declarado el secreto de las actuaciones. Los delitos bajo investigación incluyen pertenencia a organización criminal, fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

Seis millones de euros en contratos públicos estarían en el centro de este entramado, que amplía las sospechas sobre la compra de votos por correo reveladas en mayo. La Fiscalía Anticorrupción, tras asumir la investigación, ha seguido el rastro del dinero, desde la adquisición de votos hasta su compensación a través de adjudicaciones de contratos una vez que Coalición por Melilla accedió al gobierno de la ciudad en 2019.

Este caso pone de manifiesto los desafíos en la lucha contra la corrupción y la manipulación electoral en España, evidenciando la necesidad de transparencia y ética en la gestión pública y el proceso electoral.