MADRID, 21 (OTR/PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ocupará una de las vacantes que quedaron en la Sección Primera de la Sala de lo Penal tras la marcha al Tribunal Constitucional de Ramón Sáez y de Concepción Espejel, por lo que tendrá capacidad de decisión sobre las progresiones de los presos de la banda terrorista ETA.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que De Prada llegará a la sección después de haber superado un concurso interno en el que ha primado su antigüedad como magistrado. Proveniente de la Sección Segunda, el juez compartirá ahora departamento con Jesús Gutiérrez, María Riera y Francisco Javier Vieira.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal es la encargada de los asuntos relacionados con la organización terrorista, entre los que se incluyen, además de los juicios pendientes, las decisiones relativas a las excarcelaciones y los beneficios penitenciarios.

La propia Sala de lo Penal rechazó en 2016 apartar a De Prada después de que éste manifestase en un acto público que tenía la "sospecha fuerte" de que en España la tortura se había producido de manera "clara" al considerar que las opiniones del magistrado eran "meras opiniones de conferenciante" y no interferían en su labor como juez.

DECLARACIONES SOBRE LAS TORTURAS

El magistrado se expresó así en una mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de Tolosa, donde afirmó que en España se ha producido tortura de forma "clara" y que la justicia vulnera derechos fundamentales de investigados por terrorismo, expresiones por las que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Ministerio Fiscal pidieron que se le apartara de varios procedimientos contra ETA y dos formaciones sucesoras de Batasuna.

La Sala basó su decisión en que el magistrado, antes de participar en el acto, ya había dictado una primera sentencia condenatoria con respecto a 35 acusados que admitieron su pertenencia en ETA y aclaraba que cuando De Prada aseguró tener "sospecha fuerte" de que los tribunales no habían dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho, "estaba expresando opiniones sobre cuestiones varias derivadas de su experiencia en el trabajo diario".

Las recusaciones planteadas en su día contaban con un informe favorable de la Fiscalía que consideró que De Prada perdió la apariencia de imparcialidad al mostrar sus "prejuicios" sobre el entorno político de la banda terrorista y la política criminal aplicada en estos casos. Así, defendía que el juez hizo una valoración global "muy negativa" sobre los informes periciales de inteligencia, "llegando incluso a afirmar que tratan de suplantar" su propio razonamiento y que ofrecen conclusiones hasta "interesadas".

Como integrante de la Sección Segunda, De Prada fue ponente en enero de 2021 de la sentencia que absolvió a la ex jefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, al considerar que no había prueba de que participara en la entrega de material explosivo a un comando de la banda terrorista que finalmente atentó contra la Comisaría de Policía de Oviedo en julio de 1997.

En abril de ese mismo año, De Prada también participó en la sentencia que absolvía a la propia Anboto de haber participado en 1985 en la colocación de un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria, con el objetivo de acabar con la vida de los policías nacionales --al menos 21-- que iban a prestar servicios de vigilancia con motivo de un encuentro deportivo.

LA SENTENCIA SOBRE LA 'CAJA B' DEL PP

Pero, además, De Prada también es conocido por la redacción de la sentencia de mayo de 2018 sobre la presunta 'caja b' del Partido Popular, la misma que llevó al PSOE a presentar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, el tribunal que formaban los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y el propio De Prada dio por acreditada la existencia de una 'caja B' en la formación.

Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluyó un año después que la argumentación que hizo De Prada sobre en la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel no era "absolutamente necesaria" y su imparcialidad para juzgar la supuesta contabilidad opaca del partido ya está "comprometida".

En concreto, la resolución definía esa supuesta contabilidad opaca como "una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes a Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".

"El posicionamiento explícito del magistrado en estas materias le priva objetivamente de las condiciones de imparcialidad exigibles", subrayaba el auto del Pleno, insistió en que De Prada "se pronunció sobre la llevanza por parte de Luis Bárcenas, como gerente y tesorero, de una contabilidad paralela o 'caja B'", que era el objeto concreto de uno de juicios de la Sección a la que pertenecía el magistrado.

Sin embargo, lo que no admitió el Pleno de la Sala es que de los pronunciamientos de De Prada en la sentencia de mayo de 2018 se pudiera acreditar "una animadversión especial" contra el partido o contra alguno de los acusados.