Barcelona, 23 feb (EFE).- El Parlament ha aprobado este miércoles una nueva ley antideshucios que recupera medidas para frenar la emergencia habitacional anteriormente tumbadas por el Tribunal Constitucional (TC), como la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales a quienes ocupen sus inmuebles.

A finales de enero, el TC anuló la normativa de vivienda aprobada por el Govern en 2019, al entender que vulnera el derecho a la propiedad e incluye medidas, como la mencionada en el anterior párrafo, que no pueden imponerse mediante decreto ley porque son "coactivas, no voluntarias".

Tras una larga negociación marcada por las reticencias de JxCat a determinadas medidas que a su juicio perjudicaban a los pequeños propietarios, finalmente ERC, Junts, CUP y comunes alcanzaron un acuerdo para subsanar los errores de forma que señalaba el Alto Tribunal.

El nuevo texto, que cuenta con el beneplácito de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha contado con apoyo parlamentario de los partidos promotores y del grupo PSC-Units, que reclama que se active un "plan integral" para abordar las ocupaciones ilegales.

Vox ha rechazado la norma, mientras que PPC y Cs no han participado en la votación porque no se les ha permitido solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) un dictamen previo sobre la constitucionalidad de la ley.

La normativa que regula este organismo consultivo establece que las solicitudes las presenten dos grupos, y al ser el PPC parte del grupo mixto se ha considerado que no cumplían los requisitos.

Pese a no haber podido consultar al CGE, la diputada del PPC Lorena Roldán ya ha avisado que su partido llevará la nueva ley antidesahucios al TC, tal y como ya hizo con el decreto anterior.

Los grupos defensores de la propuesta, por su parte, han celebrado el consenso suscitado por la misma.

La nueva ley antidesahucios amplía la definición de gran tenedor, incluyendo a personas jurídicas con más de diez viviendas (se mantiene en 15 para personas físicas) e incluye la creación de un Registro de grandes tenedores.

Asimismo, la norma recupera las renovaciones obligatorias de alquileres sociales de los grandes tenedores cuando llegan a su fin alquileres sociales obligatorios en el caso de personas que ocupan una vivienda de un banco o de un fondo de inversión o que, "después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca, han quedado sin título en el mismo piso".

La ley descarta el mecanismo del derecho a compensación para grandes tenedores, pero sí introduce medidas de fomento de alquileres sociales para evitar desahucios.

Entre otros puntos, se promueve que, a cambio de frenar desahucios, los grandes tenedores no vinculados a bancos o fondos de inversión podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive una familia en riesgo a precio de protección oficial, quedándose éstos como inquilinos con alquiler social. EFE

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