La exalcaldesa de Laredo, Rosario Losa Martínez, ha emprendido una acción legal que ha dejado perplejo al actual alcalde, Miguel González, y ha suscitado un debate candente en la comunidad.

Losa ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Laredo exigiendo el pago de 1.880,90 euros por 14 días de vacaciones no disfrutados durante el año 2023,  “como consecuencia de las necesidades del desempeño del cargo” que ostentaba en ese momento.

El fundamento de la demanda radica en la interpretación de la legislación laboral vigente y el convenio colectivo de los trabajadores municipales. Losa argumenta que, como empleada municipal con alta en el régimen general de la Seguridad Social, le corresponde recibir compensación por los días de vacaciones no disfrutados, de acuerdo con las disposiciones legales y el convenio colectivo aplicable.

Sin embargo, González ha expresado su sorpresa ante esta demanda, argumentando que, como cargo público, Losa no está sujeta al convenio colectivo de los trabajadores municipales. Según González, las retribuciones y beneficios de Losa fueron establecidas por el Pleno municipal y no por el convenio colectivo.

En este sentido, el alcalde ha calificado la solicitud de Losa como «preocupante e ilógica», ya que considera que ella misma tenía la autonomía para decidir cuándo tomar sus períodos de descanso durante su mandato como alcaldesa.Esta situación ha desatado un intenso debate sobre los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos en relación con los períodos de descanso y las normativas laborales aplicables. Se espera que el proceso legal arroje luz sobre este tema y establezca precedentes claros para futuros casos similares.

En última instancia, González ha asegurado que defenderá los intereses de todos los ciudadanos de Laredo y que velará por el cumplimiento de la legislación pertinente en este caso. Mientras tanto, la disputa entre Losa y el Ayuntamiento de Laredo continúa, dejando en vilo la resolución de este controvertido asunto. En cuanto a la legislación vigente, las vacaciones son un derecho irrenunciable para los trabajadores, como lo establece el artículo 40 de la Constitución Española y el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 2/2015.

Sin embargo, para los funcionarios públicos, el panorama se complica, ya que el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece que el período de vacaciones anuales retribuidas no puede ser sustituido por una cuantía económica.

Además, el TREBEP establece que si la imposibilidad de disfrutar las vacaciones se debe únicamente a la voluntad del funcionario al solicitar el cese voluntario sin la antelación debida para tomar las vacaciones pendientes, entonces no procede el pago solicitado.

En resumen, el régimen de disfrute y compensación de las vacaciones para los funcionarios públicos se encuentra regulado en el TREBEP.

Si se trata de un cese voluntario, se debería diferir el mismo el periodo de días necesario para el disfrute de las vacaciones pendientes. Por otro lado, si se trata de un cese obligado por la toma de posesión en un nuevo destino, no procedería el pago de las vacaciones pendientes.