El fiscal rehúsa cuestionar la competencia del TS peruano aludiendo al "caso de la rebelión en Cataluña"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La vista que estaba previsto que se celebrara este miércoles en la Audiencia Nacional para decidir si se extradita al juez peruano César Hinostroza por un delito de cohecho activo, por supuestamente sobornar a una funcionaria para huir del país, ha sido aplazada al próximo 12 de enero después de que el reclamado afirmara que se encuentra "disminuido" para ejercer su propia defensa porque ha contraído la variante ómicron del coronavirus.

"Yo estoy enfermo del COVID-19, creo que es el ómicron, y en esas condiciones me parece que estoy disminuido para poder hablar correctamente y con el ánimo suficiente de ejercer la defensa material, entonces yo creo que no hay apuro en resolver este procedimiento", ha dicho, apelando a los "sentimientos" del tribunal hacia "una persona de 65 años de edad vulnerable" por haber enfermado.

El tribunal se ha mostrado escéptico, por lo que ha querido saber si Hinostroza estaba efectivamente incapacitado en estos momentos para seguir la vista de extradición. Así, le han preguntado si tenía fiebre, a lo que ha respondido que estaba tomando un medicamento para combatirla.

Tanto el Ministerio Fiscal como la abogada del Estado peruano se han opuesto a suspender la vista, observando que si ha podido hablar durante "unos 50 segundos" para exponer su situación es porque "su capacidad es óptima para el papel limitado que le concede el proceso extradicional a la última palabra" del reclamado.

Frente a ello, el abogado de Hinostroza ha argumentado que la cuestión no es la trascendencia procesal que tenga la intervención del juez peruano en la vista de extradición, sino que no hay ninguna "urgencia", apostillando que al haber estado en contacto con un positivo él mismo ha acudido medicado este miércoles.

Finalmente, el tribunal, "en aras a garantizar de forma extrema los derechos del reclamado", ha optado por aplazar la vista al próximo 12 de enero. No obstante, ha dejado claro que, al igual que la Fiscalía y el Estado peruano, duda de que Hinostroza realmente no pueda continuar.

"Ha manifestado a las claras su capacidad para comprende y expresarse perfectamente, probablemente está en condiciones", ha dicho el presidente del tribunal, si bien ha añadido que como es cierto que no hay prisa ninguna se ha acordado posponer la vista.

En cualquier caso, el tribunal ha advertido a la defensa de Hinostroza de que, si llegado el 12 de enero alega que aún no se ha recuperado, hará que lo examine el médico forense de la Audiencia Nacional para acreditar que es así.

"EL CASO DE LA REBELIÓN EN CATALUÑA"

En el arranque de la vista, el abogado de Hinostroza también ha solicitado la suspensión esgrimiendo que no debía celebrarse sin antes recabar de Perú documentación relativa al juez sustituto de la Corte Suprema que ha adoptado decisiones en este caso.

El tribunal ha rechazado esta primera tentativa señalando que incluso en el extremo de que los jueces que pidieron su extradición y le prohibieron abandonar suelo peruano fueran incompetentes es "muy discutible" que eso justificara que cometiera un delito de cohecho.

El fiscal, que inicialmente no se había opuesto a la petición de la defensa de reclamar dichos papeles, sí lo ha hecho este miércoles al considerar que se trata de "una cuestión interna de Derecho peruano" en la que la Justicia española no debe entrar.

"Sería exactamente igual si alguien dijese que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no es competente para librar una orden europea de detención y entrega por los hechos gravísimos ocurridos en Cataluña en 2017 y que un juez de otro país le comprase el argumento", ha manifestado, en clara alusión al 'procés'.

El representante del Ministerio Público ha razonado que, si "el caso de la rebelión en Cataluña es Derecho español" y "no nos ha hecho gracia que un órgano de otro país nos diga que nuestro Tribunal Supremo no es competente", "nosotros tampoco podemos hacer esto".

El tribunal, aunque no ha querido suspender por este motivo, después de posponer la vista de extradición por el contagio de Hinostroza, ha accedido a pedir la citada documentación para tener un elemento más de juicio.

10.000 DÓLARES PARA HUIR

Hinostroza, antiguo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está señalado por su presunta implicación en el escándalo de corrupción judicial conocido como 'Los cuellos blancos', que las autoridades peruanas describen como una organización criminal instalada en el Poder Judicial y dedicada a sobornos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias para beneficiar a políticos y empresarios con problemas con la ley.

En el marco de esa investigación penal, se prohibió a Hinostroza abandonar Perú, pero en octubre de 2018 habría pagado 10.000 dólares a una funcionaria de migraciones para salir del país por la frontera de Tumbes. Según el relato de hechos realizado por las autoridades peruanas, y que recoge la Fiscalía española, introdujeron el DNI de la trabajadora pública para evitar que saltaran las "alarmas" del sistema.

Tal conducta en España constituiría un delito de cohecho activo castigado con pena de dos a cuatro años de cárcel, multa de uno a dos años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años.

La vista para examinar si procede ampliar la extradición de Hinostroza a este delito debía haberse celebrado el pasado 19 de abril, pero se suspendió a instancias de la defensa para esperar a que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronunciara sobre la petición de asilo formulada por el juez peruano, que finalmente fue rechazada en septiembre.

En esa ocasión, Hinostroza alegó brevemente que es víctima de una "cacería" política porque se le considera "brazo legal" del partido 'fujimorista' Fuerza Popular. Si huyó de Perú, aseguró, fue porque recibió "amenazas de muerte" y su vida corría peligro.

SEGUNDA AMPLIACIÓN

El Gobierno español autorizó en julio la entrega de Hinostroza por posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, después de que la Audiencia Nacional diera el visto bueno en septiembre de 2019.

Lima le reclamaba también por organización criminal, pero los magistrados rechazaron incluir este presunto delito al entender que no se dan los "datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo, en qué se concretó y cuál fue la participación de cada uno de los miembros".

La representación peruana formuló entonces una primera solicitud de ampliación de la extradición para intentar mantener el delito de organización criminal, que fue rechazada, por lo que ya solo queda pendiente esta segunda ampliación por cohecho activo.

Hinostroza salió de Perú el 7 de octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España. Fue enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, tras declarar ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata. Sin embargo, la Sala de lo Penal acordó su puesta en libertad provisional, situación que mantiene en la actualidad.