Sánchez, el poder sin límites
España no atraviesa una simple crisis política. Lo que está en cuestión es algo mucho más profundo: la transformación progresiva de un sistema basado en contrapesos institucionales en otro donde la voluntad del poder se ha convertido en la referencia principal de la vida pública.
Durante años se nos ha pedido contemplar cada escándalo por separado. Cada cesión al independentismo era un episodio aislado. Cada ataque a los jueces era una polémica pasajera. Cada ocupación partidista de las instituciones respondía a una necesidad coyuntural. Cada cambio de criterio era presentado como un ejercicio de pragmatismo político.
Pero llega un momento en que la acumulación de hechos impide seguir fingiendo que nos encontramos ante acontecimientos inconexos.
Cuando las excepciones se convierten en norma, dejan de ser excepciones. Se convierten en un sistema.
La imputación de figuras centrales del entorno político del sanchismo, las investigaciones sobre las llamadas cloacas socialistas, las sospechas de financiación irregular, la constatación por parte de la Fiscalía de estructuras presuntamente criminales en el seno del poder, las advertencias europeas sobre el deterioro institucional o las observaciones del Tribunal de Cuentas respecto al uso de fondos públicos no son necesariamente la misma historia. Pero sí forman parte del mismo clima político.
Un clima en el que el Gobierno ha acabado considerando cualquier límite institucional como un obstáculo a superar.
Porque lo verdaderamente significativo de estos años no es una ley concreta, un pacto determinado o una investigación judicial específica. Lo verdaderamente relevante es la erosión constante de los mecanismos de control que caracterizan a una democracia liberal.
Se ha gobernado de forma sistemática mediante decretos extraordinarios concebidos para situaciones excepcionales. Se han impulsado reformas cuestionadas por órganos consultivos y expertos jurídicos. Se han colonizado instituciones que deberían actuar con independencia. Se ha convertido la comunicación pública en una herramienta permanente de propaganda gubernamental. Se ha utilizado el aparato del Estado para construir un relato donde toda crítica es presentada como una agresión contra la democracia.
Y cuando la realidad contradice el relato, la respuesta nunca es rectificar.
La respuesta es desacreditar a quien señala el problema.
Jueces. Fiscales. Periodistas. Guardias civiles. Organismos europeos. Asociaciones judiciales.
Todo aquel que no se somete pasa automáticamente a formar parte de una supuesta conspiración.
Ese es quizá el rasgo más preocupante del momento actual.
No estamos ante un Gobierno que simplemente comete errores. Todos los gobiernos los cometen. Estamos ante un poder que parece haber interiorizado que cualquier institución que no obedezca constituye una amenaza.
Por eso resulta tan inquietante la progresiva desaparición de las fronteras entre partido, Gobierno y Estado.
La Moncloa ya no aparece únicamente como el centro de decisión política del país. Da la impresión de haberse convertido en el núcleo alrededor del cual gira una compleja red de lealtades personales, intereses compartidos y dependencias políticas cuyo objetivo prioritario es la supervivencia del propio poder.
La lealtad ha ido sustituyendo al mérito. La obediencia ha ido desplazando a la independencia. El interés político ha ido ocupando espacios que deberían pertenecer exclusivamente al interés general.
Ese es el verdadero cambio de régimen que algunos se niegan a ver.
No porque España haya dejado de ser una democracia.
No porque las elecciones hayan desaparecido.
No porque exista una dictadura.
Sino porque la calidad democrática no se mide únicamente por la existencia de urnas. También se mide por la fortaleza de los contrapesos institucionales, por la independencia de los órganos de control y por la capacidad de los poderes públicos para aceptar límites.
Y precisamente ahí es donde aparecen las señales de alarma.
Porque ninguna democracia se degrada de golpe.
Se degrada cuando el Gobierno deja de aceptar controles.
Se degrada cuando la ley empieza a interpretarse según las necesidades del momento.
Se degrada cuando las instituciones son ocupadas en lugar de respetadas.
Se degrada cuando los adversarios dejan de ser rivales para convertirse en enemigos.
Y se degrada cuando el poder termina convencido de que su permanencia justifica cualquier decisión.
La cuestión ya no es cuánto tiempo podrá resistir políticamente Pedro Sánchez. La cuestión es cuánto daño institucional quedará cuando finalmente abandone el poder.
Los gobiernos pasan.
Los presidentes caen.
Las mayorías cambian.
Lo difícil es reconstruir la confianza en unas instituciones que durante años han sido sometidas a una presión constante para adaptarse a las necesidades del gobernante de turno.
Por eso el debate actual trasciende a Sánchez.
Lo que está en juego no es el futuro de un líder político.
Lo que está en juego es si España seguirá siendo una democracia donde el poder acepta límites o una democracia donde el principal objetivo del poder consiste precisamente en eliminarlos.