Javier Abascal, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Riotuerto, ha afirmado que la "nefasta" gestión del alcalde, Alfredo Madrazo (PRC), les ha costado a los vecinos 73.000 euros que, en su opinión, "hubieran venido muy bien para dedicarlos a hacer frente a las necesidades del municipio".

Abascal ha subrayado que en marzo de 2017 la entonces empresa concesionaria de la ayuda a domicilio dejó de prestar el servicio por problemas empresariales, por lo que se inició un procedimiento de contrato menor que, un mes después y por resolución de la Alcaldía, se adjudicó a CARFLOR.

"Esta empresa presentó una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Riotuerto por sentirse engañada, alegando que el contrato debiera de considerarse nulo ya que había varias anomalías en él", ha dicho Abascal.

Según ha añadido, un año después, se dictó sentencia favorable a la empresa y se condenó al Ayuntamiento de Riotuerto al pago de las costas, sentencia que fue recurrida por el Consistorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que también falló en contra del Ayuntamiento, acudiendo finalmente al Consejo de Estado que ha resuelto que el acuerdo con CARFLOR no contempla que esta empresa deba hacerse cargo de los costes laborales de otras empresas.

"Nos encontramos que por la incapacidad del alcalde para solucionar un problema se ha generado otro y no solo de tipo económico", ha subrayado el portavoz del PP, quien ha añadido que "han pasado años sin que los vecinos que necesitan el servicio lo pudieran disfrutar, mientras que las trabajadoras han estado en la calle, en juicios y completamente olvidadas".

En su opinión, el máximo regidor "actuó con prisas y sobre todo mal, escudándose ahora en que lo hizo de acuerdo con los informes de todos los técnicos municipales y que pretendía mejorar los servicios sociales, evitar perjuicios a los trabajadores y defender los intereses públicos de los vecinos".

Abascal ha lamentado que el alcalde diga que los tribunales "le dieron la razón" cuando, según el portavoz popular, "lo cierto es que fue todo lo contrario". "Miente porque la metedura de pata y el perjuicio económico han sido de récord", ha añadido.

Finalmente, ha señalado que la "prueba" de esto está en el "rechazable oscurantismo tras el que ha querido parapetarse, dictando la resolución del pago de los 73.000 euros el pasado sábado, día 31, con la manifiesta intención de que pasara desapercibido".