La huelga indefinida en el servicio de recogida de residuos en el municipio de Santoña alcanza su sexto día, y continuará después de dos reuniones sin acuerdo entre la empresa adjudicataria Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y el Ayuntamiento. A pesar de acordar servicios mínimos para el periodo, la negociación económica se encuentra estancada.

Se han establecido servicios mínimos con cinco trabajadores de los 18 de la plantilla, encargados de limpieza y recogida los martes y sábados. Desde el inicio de la huelga, el personal ha estado realizando servicios esenciales en instituciones como colegios, centros de salud y residencias.

Informan que la negociación económica está bloqueada, ya que la empresa se muestra inflexible y no tiene intención de ceder en las negociaciones para poner fin a la huelga. La principal disputa radica en la renovación del convenio colectivo, afectada por la falta de acción tanto de la empresa como del Ayuntamiento.

El secretario general de la Federación, Jesús de Cos, explica que la empresa se niega a implementar mejoras salariales hasta que el Ayuntamiento asuma las pérdidas contractuales. Aunque el Ayuntamiento ha propuesto varias soluciones, estas han sido rechazadas por los trabajadores, quienes no ven satisfechas sus demandas salariales para 2023 y 2024.

A pesar de los intentos de llegar a un acuerdo, no se han logrado avances significativos. La Federación propuso posponer lo acordado y abordar una subida salarial que cubra la pérdida del IPC durante el bloqueo del convenio, pero esta propuesta tampoco prosperó. No hay una nueva fecha de negociación, y el sindicato celebrará una asamblea con los trabajadores para discutir los próximos pasos.

El Ayuntamiento lamenta la falta de acuerdo y asegura que, al ser un servicio esencial, tomará medidas necesarias para minimizar el impacto de la huelga en los residentes. Han propuesto iniciativas como un expediente para el próximo pliego de contratación del servicio, un estudio de costes actualizado para cubrir las necesidades salariales, y se comprometen a agotar vías administrativas para resolver el conflicto con la empresa concesionaria.