La ZBE vuelve a sancionar sin piedad en Torrelavega: hasta 200 € por cruzar el centro
Finalizado el paréntesis navideño, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) vuelve a estar activa en Torrelavega desde este miércoles. La reactivación implica que, a partir de hoy, los conductores que circulen por el centro de la ciudad sin el distintivo ambiental correspondiente podrán recibir multas de hasta 200 euros.
La plataforma vecinal Salvar Torrelavega ha mostrado su rechazo frontal a la medida. Considera que reactivar las sanciones en pleno desarrollo de las obras de soterramiento de FEVE demuestra "una absoluta falta de empatía con los ciudadanos" por parte del alcalde Javier López Estrada, del Partido Regionalista de Cantabria (PRC).
“Improvisación y castigo automático”
La plataforma acusa al equipo de gobierno de actuar con improvisación, sin diálogo ciudadano y bajo un criterio exclusivamente recaudatorio. "La ciudad está patas arriba por las obras, no hay alternativas reales de movilidad, y lo único que hacen es perseguir al ciudadano con cámaras", critican.
También denuncian la confusión en torno a la ZBE por parte del Ayuntamiento. Según la concejala de Urbanismo, Jezabel Tazón, algunos vehículos pueden entrar hasta 24 veces al año sin sanción. No obstante, el sistema sancionador ya está plenamente operativo desde hoy, lo que ha generado miedo entre vecinos y comerciantes.
¿Qué calles están afectadas?
La ZBE abarca la zona delimitada por las calles La Llama, Julián Ceballos, Julián Urbina y José María Pereda, aunque estas vías en sí no están restringidas. Sin embargo, el mapa interactivo de la ZBE habilitado por el consistorio evidencia que una gran parte del centro histórico está sujeta a vigilancia con cámaras.
El acceso sin etiqueta adecuada estará controlado mediante cámaras conectadas a la DGT. Las sanciones comenzarán a aplicarse a partir de la vigésimo quinta entrada irregular en un año natural.
“Primero accesibilidad, luego restricciones”
Desde Salvar Torrelavega exigen una suspensión inmediata de las sanciones hasta que finalicen las obras del soterramiento. “Esta medida no responde a una política medioambiental real, sino a una estrategia para llenar las arcas del Ayuntamiento a costa de vecinos, autónomos y comerciantes que ya están ahogados”, denuncian.
Además, critican que mientras otras ciudades de España aplican moratorias o excepciones, Torrelavega opta por la vía punitiva sin evaluar alternativas.
