La ZBE afectará hasta al 70% de los vehículos de Torrelavega

La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio de Torrelavega ha abierto un amplio debate sobre su impacto potencial en la movilidad urbana, el comercio, los servicios, y la vida cotidiana de residentes y visitantes. El nuevo marco regulador, impulsado en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, establece restricciones al acceso de determinados vehículos al núcleo urbano, y contempla sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Según las estimaciones presentadas por diversos colectivos ciudadanos, esta normativa podría afectar hasta a un 70% del parque móvil compuesto por vehículos locales y visitantes, si se consolida la inclusión de los vehículos con etiqueta ambiental tipo ‘B’ dentro del conjunto de automóviles restringidos.

Actualmente, en su fase inicial, la ZBE de Torrelavega ya impide el acceso libre a un 35% de los coches empadronados en el municipio, y a más del 45% de los vehículos que acceden desde otros municipios del entorno, cifras que han sido puestas sobre la mesa para advertir sobre el alcance de esta medida.

El objetivo de las ZBE es mejorar la calidad del aire en las ciudades, especialmente en áreas con mayor densidad de tráfico, fomentando una reducción progresiva de las emisiones contaminantes generadas por el transporte privado. En el caso de Torrelavega, estas restricciones han comenzado a implementarse en un entorno urbano que, además, está ya condicionado por el desarrollo de una obra de gran envergadura: el soterramiento de las vías de FEVE, que atraviesa el casco urbano y está generando alteraciones en la movilidad general.

Los vehículos afectados en esta primera fase de la ZBE son aquellos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, incluyendo coches de gasolina matriculados antes del año 2001 y vehículos diésel anteriores a septiembre de 2006, así como vehículos pesados o de más de ocho plazas de esos mismos años. Aunque todos estos vehículos pueden superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), no están exentos de las restricciones de circulación en zonas delimitadas como de bajas emisiones.

En cuanto a la regulación del acceso, el Ayuntamiento de Torrelavega ha instalado un total de 28 cámaras de vigilancia para controlar la entrada de vehículos al perímetro establecido. De esas 28 cámaras, 19 están específicamente dedicadas al control de la ZBE y otras 9 se sitúan en zonas peatonales. Esta infraestructura permite registrar automáticamente la matrícula de los vehículos y verificar si disponen o no del distintivo ambiental adecuado para circular por la zona restringida.

Multas de 200 euros

El régimen sancionador contempla multas de 200 euros por cada infracción, que pueden aumentar hasta 260 euros en caso de reincidencia, lo que representa un 30% de recargo sobre la cuantía inicial. En la práctica, esto podría suponer para los conductores habituales una carga económica considerable si no adaptan su movilidad a la normativa vigente.

Una de las particularidades de la ZBE de Torrelavega es su amplio horario de aplicación. Las restricciones no solo se mantienen en días laborables, como ocurre en otras ciudades que han implementado medidas similares, sino que se extienden desde las 08:00 horas del lunes hasta las 14:00 horas del sábado, con vigilancia activa las 24 horas del día dentro de ese intervalo.

Esto supone una cobertura casi ininterrumpida durante seis días a la semana, lo cual puede incidir directamente en los hábitos de desplazamiento de la ciudadanía y de los visitantes que acceden al centro urbano.

En este contexto, se han alzado diversas voces advirtiendo sobre las posibles consecuencias socioeconómicas que podrían derivarse de la aplicación de estas restricciones. Entre los sectores que han expresado mayor preocupación destacan los comerciantes, los hosteleros y los profesionales independientes, quienes temen que la limitación del tráfico reduzca la afluencia de clientes y usuarios a sus establecimientos, afectando directamente su actividad económica.

También se ha señalado que la implementación de estas medidas podría provocar una redistribución de los flujos comerciales, desplazando el consumo hacia zonas del extrarradio o hacia otras localidades como Santander capital, donde los accesos por carretera son más flexibles o donde las ZBE aún no se aplican con la misma severidad.

La incidencia de las obras de soterramiento

Además, la coincidencia temporal con las obras de soterramiento de FEVE ha generado un contexto especialmente complejo para la movilidad en la ciudad. Estas obras, de carácter estratégico para la mejora del entorno ferroviario, implican cortes, desvíos y alteraciones en la circulación, lo que suma una dificultad añadida a los desplazamientos urbanos durante un período prolongado de tiempo.

La acumulación de factores restrictivos ha incrementado la preocupación por los efectos que este escenario podría tener sobre la calidad de vida de los residentes y sobre el equilibrio económico del centro urbano.

Paralelamente, se observa con inquietud el contexto económico internacional, marcado por la incertidumbre derivada de decisiones de política internacional como las adoptadas por Estados Unidos, donde las medidas proteccionistas anunciadas por su administración han reactivado el temor a una recesión global y a un aumento generalizado del desempleo. En este marco, las restricciones locales a la movilidad se perciben como un factor adicional que podría agravar la situación económica en municipios intermedios como Torrelavega.

Algunos sectores han expresado públicamente la percepción de que las nuevas normativas pueden tener también una motivación recaudatoria, derivada del sistema de multas y del amplio despliegue de cámaras automatizadas. Aunque no se han presentado pruebas oficiales que sustenten esa afirmación, la inquietud ciudadana en torno a este punto ha comenzado a manifestarse en diferentes foros públicos.