El Ayuntamiento de Torrelavega celebra este jueves un pleno ordinario en el que, entre otros asuntos, se aprobarán las tasas municipales para 2024, con subidas de alrededor del 5 por ciento para adecuar la tarifa de los servicios a su coste real.

Esta subida supondrá 227.000 euros más de ingresos para el agua doméstica, 246.700 para el alcantarillado y 165.600 por mantenimiento de contadores que hasta ahora era gratuito, incrementos que también afectarán a la tasa de vados y a los abonos de piscina para compensar la subida del precio de los productos de limpieza.

La sesión, que se desarrollará a partir de las 9.30 horas de la mañana con una veintena de asuntos para el debate, servirá para aprobar un incremento del 4,9 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al subir el tipo impositivo del 0,61 al 0,64, lo que se traduce en 50 euros al año o 1,6 de media al mes en cada recibo.

Mientras tanto, otros impuestos, caso del de construcciones, vehículos o Actividades Económicas (IAE), se mantendrán en los mismos niveles de este año, y se dictaminará aplicar una rebaja del 60 por ciento en la tasa por instalación de terrazas.

También se dará el visto bueno al proyecto Alma Altamira, promovido por la Agencia de Desarrollo Local, que pretende que 20 jóvenes en situación de desempleo, de 18 a 29 años, participen en un proyecto de inserción laboral en diversos países de Europa durante varios meses ante de regresar a la ciudad.

Este proyecto, que se desarrollará en colaboración con la asociación Cuin, la Universidad de Cantabria y empresas privadas, ha obtenido una subvención de más de 400.000 euros de la Unión Europea, siendo Torrelavega el único municipio de España que ha recibido esta ayuda, en competencia con otros 34 de todo el continente.

Memoria histórica

En el apartado de mociones se debatirá una presentada por IU Podemos, en la que se pide que el Ayuntamiento de Torrelavega se oponga a la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, tal como ha propuesto Vox en el Parlamento, y que se inste al Gobierno regional a mantenerla en vigor.

Además, Vox ha anunciado que presentará una batería de preguntas al alcalde sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el municipio, entre ellas si se ha realizado un estudio socioeconómico sobre las posibles afecciones a los vecinos y al sector comercial que conllevaría la aplicación de restricciones.