El PSOE-PRC impone una ZBE sin justificación ambiental y ahogará más al comercio

El Ayuntamiento de Torrelavega ha decidido ampliar hasta el 9 de mayo el periodo sin sanciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta medida, pensada supuestamente para facilitar la adaptación de vecinos y visitantes a las nuevas normas de tráfico sostenible, ha despertado un profundo malestar entre comerciantes, vecinos y diversos sectores de la ciudad. La razón principal: Torrelavega no presenta niveles de contaminación que justifiquen la imposición de esta medida restrictiva.

¿Es necesaria la ZBE en Torrelavega?

A diferencia de grandes urbes como Madrid o Barcelona, donde los niveles de contaminación atmosférica superan los límites legales europeos, en Torrelavega los índices de dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas en suspensión (PM10 y PM2.5) se mantienen dentro de los márgenes establecidos. Informes del Gobierno de Cantabria y del Ministerio para la Transición Ecológica lo confirman: Torrelavega no figura entre las ciudades con mala calidad del aire.

Esta mejora ambiental, reconocida en estudios oficiales, responde a la menor actividad industrial, la modernización del parque móvil y una disminución del tráfico urbano, factores que debilitan la argumentación técnica del gobierno local del PRC-PSOE para justificar la ZBE.

Una norma sin participación y con alto impacto económico

La implantación de la ZBE ha sido percibida como una decisión precipitada, sin información clara ni participación ciudadana. Colectivos vecinales y comerciales denuncian que no se han ofrecido alternativas reales de movilidad, como transporte público reforzado o aparcamientos disuasorios eficaces. En su lugar, los comerciantes enfrentan una reducción drástica de clientela, especialmente personas mayores o de zonas periféricas que necesitan el coche para acceder al centro.

“Nos están aplicando una normativa como si fuésemos Madrid o Barcelona. Aquí no hay atascos ni contaminación, pero sí un comercio que agoniza”, afirma la propietaria de una tienda en Serafín Escalante.

Comerciantes en pie de guerra

Para los comerciantes locales, la ZBE representa un nuevo golpe económico. El declive del centro urbano es evidente, y estas restricciones podrían acelerar el cierre de negocios, con la consecuente pérdida de empleo y actividad económica.

Además, las compensaciones anunciadas por el Ayuntamiento son insuficientes. Aunque se excluye a vehículos con etiqueta ambiental B, C, ECO o Cero emisiones —la mayoría de los matriculados después de 2001—, la confusión normativa sigue generando miedo e incertidumbre entre los ciudadanos.

¿Una decisión impuesta sin respaldo técnico?

La ZBE se enmarca en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer estas zonas. Sin embargo, la ley permite adaptar la medida a la realidad local, algo que según expertos no ha hecho el Ayuntamiento torrelaveguense.

Los detractores apuntan a que se trata de una imposición política, más ligada a compromisos ideológicos que a una verdadera necesidad ambiental. La ciudad, insisten, necesita revitalización económica, no restricciones sin sentido.

Restricciones parciales y mal explicadas

El Consistorio ha informado que las limitaciones de tráfico afectarán solo de lunes a sábado de 8:00 a 14:00. No habrá restricciones los domingos ni festivos, ni tampoco para quienes acudan a aparcamientos subterráneos, vivan dentro de la ZBE o tengan garajes en la zona.

Pero para muchos, la falta de claridad en la comunicación institucional ha generado más confusión que soluciones.

Una ZBE sin consenso ni beneficios claros

Mientras el gobierno del PRC y PSOE insiste en que la ZBE es necesaria, los datos objetivos sobre contaminación y el sentimiento generalizado entre comerciantes y ciudadanos revelan lo contrario. Torrelavega no necesita una ZBE en estos términos; necesita planificación, escucha activa y, sobre todo, medidas que impulsen su recuperación económica, no que la frenen.