«Una ciudad en obras, un comercio en ruina y ahora… multas»: Torrelavega clama contra la ZBE

La polémica ha estallado después de que el Ayuntamiento, gobernado por el socialista, Javier López Estrada (PRC), junto al PSOE, confirmara que empezará a imponer multas por acceso restringido en plena ejecución de las obras del soterramiento del tren FEVE. Esas obras —que bloquean calles clave, colapsan la movilidad y generan un caos logístico diario— coinciden con el inicio de sanciones a conductores, vecinos, repartidores y comerciantes.

«Esto es una salvajada»: denuncias desde todos los frentes

La plataforma Salvar Torrelavega ZBE, integrada por vecinos, autónomos y profesionales liberales, ha sido tajante: «Es inadmisible aplicar sanciones mientras Torrelavega está en obras, sin alternativas reales de movilidad». Acusan al Ayuntamiento de actuar con una «crueldad administrativa» que pone en jaque a los pocos negocios que resisten en el centro urbano.

En su último comunicado, difundido a través de redes sociales, afirman que la ZBE es «una normativa disfrazada de ecologismo, pero diseñada para castigar y recaudar». La queja ha prendido rápidamente entre comerciantes y vecinos, muchos de los cuales desconocen todavía si sus vehículos podrán circular libremente o si están ya expuestos a sanciones.

Falta de información, improvisación y desamparo

Uno de los elementos más criticados es la opacidad informativa. Muchos ciudadanos han señalado que no han recibido ni notificaciones formales ni campañas útiles de información. En su lugar, se han repartido folletos de carácter técnico, «que nadie entiende».

El resultado es una ciudad desinformada, sometida a un cambio profundo en su modelo de circulación sin que exista un debate previo ni consenso social. Mientras tanto, las cámaras de control ya están instaladas y las primeras multas están a punto de caer.

Comercio al límite y movilidad colapsada

Con más de un 30% de locales cerrados en el centro, la implantación de la ZBE es vista por muchos comerciantes como la «puntilla final a la actividad comercial». La falta de clientes, la inseguridad jurídica y la incapacidad de acceso fácil al centro por parte de consumidores y proveedores configuran, según sus palabras, «un escenario asfixiante».

«Una ciudad herida no puede ser además sancionada», declara una hostalera de la zona. «No podemos sobrevivir si cada vez es más difícil comprar, cargar, entregar o simplemente aparcar».

Una moratoria o una traición

Desde Salvar Torrelavega exigen una moratoria inmediata a las multas de la ZBE hasta la finalización total de las obras del soterramiento del FEVE. «Lo lógico, lo sensato y lo urgente es detener este disparate técnico, social y económico», afirman.

Y advierten: «Cualquier otra decisión será interpretada como una traición imperdonable a Torrelavega». Reclaman que se escuche al pueblo antes de imponer desde el despacho lo que nadie puede soportar en las calles.

¿Escuchará el Ayuntamiento el clamor popular?

Por ahora, el equipo de Gobierno municipal (PRC-PSOE) ha guardado silencio ante la presión creciente. El alcalde, Javier López Estrada, defendió la medida como una obligación europea, aunque numerosos expertos ya han aclarado que no es de cumplimiento obligatorio por Bruselas, sino una opción política voluntaria.

Mientras la ciudad se debate entre el escepticismo y la indignación, las cámaras siguen activas y la cuenta atrás para las sanciones continúa.

¿Quién se hará responsable si este experimento urbano fracasa?