Los hijos del asesino magrebí de Cuenca exigen 1,2 millones al Estado por no haber protegido a su madre
La víctima estaba incluida en el sistema Viogen con nivel de riesgo extremo | Fue decapitada en presencia de sus tres hijos, que ahora sufren secuelas psicológicas severas
Los tres hijos de la mujer brutalmente asesinada por su pareja en Tarancón (Cuenca) el pasado año, han interpuesto una reclamación contra el Estado español por un importe de 1,2 millones de euros. Consideran que la Administración falló estrepitosamente en su deber de proteger a su madre, pese a los múltiples indicios de que su vida estaba en peligro.
El asesino, un ciudadano marroquí, fue condenado a 26 años y nueve meses de cárcel por el asesinato de su mujer, a la que apuñaló 34 veces y decapitó delante de sus hijos menores de edad. Según confirmó la Audiencia Provincial de Cuenca, el crimen estuvo motivado por los celos enfermizos del condenado y ocurrió en el interior del domicilio familiar.
“Un caso de manual”, sin protección efectiva
La víctima estaba registrada en el sistema Viogen (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) con un nivel de riesgo extremo. Sin embargo, no existía una orden de alejamiento vigente en el momento del asesinato, y su agresor, pese a contar con antecedentes por violencia machista, seguía en libertad.
“La tragedia pudo evitarse. Ella denunció, luego retiró la denuncia, pero el sistema ya había clasificado el caso como de altísimo riesgo. Él debió estar bajo custodia o con medidas cautelares firmes, y no lo estaba”, asegura el abogado Alberto Martín, representante de la familia y miembro del despacho Abogados Madrid 3.000.
El letrado destaca también que el asesino anunció en redes sociales su intención de matar, hecho que pasó inadvertido o no fue suficientemente valorado por las autoridades.
Daño irreversible a los menores
La sentencia no solo recoge la brutalidad del asesinato, sino también el daño psicológico causado a los hijos, que presenciaron el crimen en primera persona. El tribunal impuso al asesino tres penas de un año de prisión adicionales por lesiones psicológicas a los menores, que actualmente reciben atención psiquiátrica.
Según los informes forenses, los tres niños padecen síntomas severos de trastorno por estrés postraumático, miedo crónico, insomnio y cuadros depresivos, efectos que —según los expertos— pueden acompañarlos de por vida.
Por este motivo, la Audiencia Provincial condenó al asesino a indemnizar a cada uno de sus hijos con 331.500 euros, cantidad que se suma a otras compensaciones dirigidas a familiares cercanos. Sin embargo, el condenado ha sido declarado insolvente, por lo que no podrá hacer frente a ninguna de las responsabilidades económicas impuestas por la Justicia.
¿Responsabilidad del Estado?
Ante esta situación, los hijos de la víctima, representados legalmente, reclaman al Estado la totalidad de las indemnizaciones, basándose en la negligencia institucional al no haber protegido a su madre. La demanda se apoya en el artículo 121 de la Constitución Española, que permite exigir responsabilidades al Estado cuando se produce una “anormalidad en el funcionamiento de la Administración de Justicia” o de los sistemas de protección públicos.
"Esta es una cadena de errores institucionales que acabó con una vida y destrozó otras tres. Nadie les devolverá a su madre, pero lo mínimo que merecen ahora es reparación y cuidado", apunta su abogado.
Expulsión tras la condena
El tribunal también ha ordenado la expulsión del condenado del territorio español una vez cumpla su pena o, en su caso, si alcanza el tercer grado o la libertad condicional. A día de hoy, permanece en prisión, donde ingresó tras su detención en junio de 2024.
El caso, que conmocionó a la sociedad española por su violencia extrema y por el hecho de que los hijos presenciaran la ejecución del crimen, vuelve ahora a ser noticia con esta nueva batalla judicial. La familia busca justicia más allá de los tribunales penales: quiere respuestas y responsabilidad del Estado.
