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El autor del atropello de la S-20 suma otra condena: un año de cárcel por el crimen animal de Tagle

El propietario de 18 de los canes fallecidos, para el que se archivó la causa por este hecho, está en prisión en Dueñas

Nave de Tagle-Suances donde se encontraban los perros. / G.C.
Nave de Tagle-Suances donde se encontraban los perros. / G.C.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Santander ha dictado sentencia firme contra E.M.G., de 28 años, por la muerte de 29 perros hallados en condiciones extremas en una nave industrial de Tagle (Suances). El acusado, que ya se encontraba en prisión provisional por un atropello mortal ocurrido en la S-20 el pasado enero, ha sido condenado a un año de cárcel y tres meses de inhabilitación para la tenencia o cuidado de animales.

La vista estaba prevista para este lunes a las 9:00 horas, pero no llegó a celebrarse tras alcanzarse un acuerdo de conformidad entre las partes. La jueza dictó sentencia en el mismo acto y denegó la suspensión de la pena solicitada por la defensa, al coincidir con el criterio de la Fiscalía, la Federación DEAN (acusación popular) y el Gobierno de Cantabria, al considerar que el condenado es un “delincuente habitual”.

Indemnizaciones y responsabilidad civil

La sentencia incluye indemnizaciones que ascienden a más de 16.000 euros, distribuidos así:

  • 12.000 euros al propietario de 18 de los perros fallecidos, para quien se archivó la causa.

  • 3.323 euros a la Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria).

  • 1.050 euros al Centro Canino Besaya por los gastos de atención al único perro superviviente.

  • 190 euros al Gobierno de Cantabria por los costes de limpieza acometidos por la empresa pública Tragsa.

Una situación de abandono extremo

Durante la investigación, iniciada tras la intervención del SEPRONA de la Guardia Civil el 15 de enero de 2022, se determinó que E.M.G. había dejado de alimentar e hidratar a los 30 perros bajo su cuidado. Como resultado, 29 murieron y uno fue rescatado en estado extremo, al borde de la muerte.

Los hechos se consideraron constitutivos de un delito continuado de maltrato animal, para el que la Fiscalía y las acusaciones inicialmente solicitaban 18 meses de prisión y hasta cinco años de inhabilitación, finalmente rebajada a tres.

Un caso con repercusión social

El caso generó una fuerte conmoción social y fue ampliamente seguido por asociaciones defensoras de los derechos de los animales. La sentencia, al quedar ratificada por conformidad y no ser recurrida por ninguna de las partes, supone un fallo firme, considerado ejemplar por organizaciones como DEAN, que celebran que se haya negado la suspensión de la pena.

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