Nacho Cano denuncia a la jueza de su caso por prevaricación e irregularidades procesales
En una noticia publicada por Vozpópuli, los abogados de Nacho Cano han presentado una denuncia en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla contra la jueza Inmaculada Iglesias, quien dirige la causa contra el cantante madrileño. Según esta información, los letrados denuncian una presunta prevaricación y diversas irregularidades procesales, afirmando que se han vulnerado derechos fundamentales tanto de Cano como de su defensa.
Destacan que la defensa de Cano ha acusado a la magistrada de denegar repetidamente todas las diligencias de prueba propuestas, alegando una infracción del principio de igualdad procesal. Además, en esta misma denuncia, los abogados sostienen que la asignación del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid, que lleva esta causa, no fue una elección al azar, sino que muestra irregularidades en el reparto de los juzgados de instrucción de la capital, al coincidir con el que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Según Vozpópuli, los abogados de Cano habían intentado incluir en la causa una serie de mensajes de WhatsApp en los que la denunciante supuestamente solicitaba a la productora un pago de 6.000 euros y una carta de recomendación firmada por Cano, pero la jueza rechazó esta solicitud en septiembre, considerando que los mensajes eran "irrelevantes". Paradójicamente, otro juez ha considerado estos mismos mensajes como prueba suficiente para abrir diligencias previas contra la denunciante por un posible chantaje hacia Nacho Cano, y la denunciante deberá comparecer el próximo 12 de diciembre ante el juez.
La defensa también ha señalado, según el reporte de Vozpópuli, que la notificación de acceso a la plataforma Horus (sistema judicial digital) se les comunicó solo este jueves, después de cuatro meses desde la apertura de la causa, algo que los abogados califican de "inaudito". Además, sostienen que las copias de las actuaciones obtenidas en agosto no coinciden con las que la jueza tenía el día de la declaración de la denunciante, lo que según ellos quebranta el principio de igualdad procesal, en una causa que investiga un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y los trabajadores.