José Joaquín, un talentoso clarinetista de 53 años, originario de Sevilla y con una destacada carrera de 27 años en la Banda Municipal de Barcelona, ha sido despedido recientemente, no por falta de méritos musicales, sino por no poder acreditar un nivel de catalán C1. Este caso ha desatado un acalorado debate sobre los requisitos lingüísticos en Cataluña.

El músico impugnó las bases del concurso de méritos al considerar que los requisitos eran "excluyentes". Su abogado, Ángel Escolano, ha destacado que, en el fondo, el problema está relacionado con el exceso de interinos en España. La Unión Europea ha instado a reducir este número, lo que ha llevado a convocatorias extraordinarias para consolidar estos puestos. Sin embargo, en Cataluña, señala Escolano, no se realiza un examen general, excepto para el catalán.

José Joaquín, que ha demostrado comprender y hablar catalán en su día a día laboral, no pudo acreditar el nivel C1 en el examen correspondiente. Su abogado subraya que esta situación fue "desagradable" para el músico, que incluso obtuvo el certificado A2 de catalán en 2006.

Este caso ha puesto de manifiesto la intervención de entidades como Plataforma per la Llengua, que señalan a comercios y trabajadores que no utilizan el catalán. Se critica la "extorsión" que se ejerce desde las administraciones locales, como amenazas de multas a empresas por el uso de anuncios en castellano.

Desde el ámbito político, líderes del PP y Vox han cuestionado la exigencia del nivel C1, argumentando que puede afectar negativamente al talento que llega a Cataluña. Se pide un descenso en la presión lingüística, y se critica a Plataforma per la Llengua por su actividad de señalamiento. Además, se destaca la falta de coherencia al exigir este nivel para un músico, mientras que no se requiere para cargos públicos de mayor relevancia.

El caso de José Joaquín resalta la complejidad y controversia que rodea los requisitos lingüísticos en el ámbito laboral y la necesidad de abordar estos temas de manera equitativa y coherente.