Multas por ir solo en el coche: la nueva guerra del Gobierno contra los conductores
El Gobierno de España está preparando un nuevo decreto que permitiría a los ayuntamientos restringir la circulación de vehículos con un solo ocupante, una medida que reforzaría la lucha contra la contaminación en el entorno urbano. La propuesta se enmarca en el desarrollo y aplicación efectiva de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes, según avanza El País.
Multas para los conductores solitarios
El nuevo texto normativo prevé que circular en solitario en coche privado por las ZBE pueda ser motivo de sanción, algo que ya anticipó hace meses el director de la DGT, Pere Navarro. Esta novedad se sumaría a las actuales limitaciones que ya se aplican en ciudades como Madrid o Barcelona, donde las restricciones se basan en la etiqueta medioambiental de la DGT.
La medida tiene como objetivo reducir la huella contaminante del tráfico urbano y presionar a los municipios rezagados en la aplicación de estas zonas, que fueron obligatorias desde la Ley de Cambio Climático de 2021.
Solo 1 de cada 3 ciudades ha aplicado las ZBE
Aunque 153 ciudades españolas están obligadas por ley a tener activas sus Zonas de Bajas Emisiones, solo unas 50 las han implementado plenamente. Varias se han declarado insumisas o han optado por estrategias dilatorias, como limitar su despliegue o evitar sancionar a los conductores.
El decreto en preparación no solo obliga a desplegar estas zonas de manera efectiva, sino que también impone la obligación de activar un sistema sancionador público y transparente, sin más demoras.
Consecuencias para los ayuntamientos incumplidores
El borrador establece que los ayuntamientos que no cumplan con los requisitos podrían enfrentarse a sanciones económicas, como la retirada de subvenciones al transporte público o fondos europeos, especialmente los Next Generation.
Esta presión contrasta con la postura más flexible de Bruselas, que se ha limitado a establecer revisiones de la calidad del aire cada cuatro años a partir de 2027, sin imponer un modelo obligatorio de ZBE.
Mientras que en Francia el Parlamento ha optado por deshabilitar las ZBE por su impacto social, en España la medida ha generado controversia judicial, con sentencias que las han cuestionado por afectar a los sectores más vulnerables sin medir adecuadamente su efecto económico.
A pesar de ello, el Ejecutivo español parece decidido a intensificar su aplicación, con una política que podría marcar un giro en la movilidad urbana del país.
