El juez del juzgado de instrucción nº 4 de Santander mantuvo la ejecución del desahucio y tampoco Beyos y Ponga -o lo que es lo mismo, Liberbank – hizo nada para pararlo. Un dispositivo antidisturbios de tres unidades policiales se personó en el domicilio de la familia afectada dispuesto a ejecutar las órdenes del juez. Mientras tanto, la procuradora de Liberbank se mantenía a corta distancia, a la espera de que se realizara el lanzamiento. No apareció nadie de la obligatoria comisión judicial para acometer un desahucio que obligan las leyes.

Más de medio centenar  de personas de la plataforma y de diferentes colectivos esperaba la intervención policial. Para ello, se pertrecharon en dos cordones para impedir el paso de los antidisturbios. El primer cordón en la entrada a portal, el segundo dentro. La policía fue capaz de dispersar el primer grupo. Aunque para ello, tuvieron que utilizar la fuerza bruta, provocando el desmayo y pérdida de conciencia de una de las activistas, que fue atendida in situ y trasladada en una ambulancia al hospital Valdecilla.

Sin embargo, no pudieron entrar en el portal ya que el grupo de dentro lo impidió. Durante más de una hora, estuvo la policía esperando a ver si podían abrir la puerta pero fue imposible. Al final, sobre las 11,30, el dispositivo policial abandonaba el domicilio ante la comprobación de que resultaba imposible acceder al inmueble. Entre gritos de “sí se puede”, los activistas rompieron en aplausos y en gritos de apoyo a la familia. Finalmente, miembros de la plataforma agradecieron a los presentes su apoyo.

Ahora, la familia solicitará la alternativa habitacional a la que tiene derecho según el decreto recientemente aprobado por el gobierno central. Y esperan que el juez tenga menos celo, de un respiro a los afectados y entienda que “desahuciar a una familia con dos menores de edad es una auténtica atrocidad moral y jurídica”, en palabras de miembros de la plataforma Stop-Desahucios.

Intento fallido en la tarde de ayer

La plataforma estuvo hasta última hora de la tarde de ayer intentando parar el desahucio pero fue imposible. A través del jefe de gabinete de Revilla, se intentó que Liberbank suspendiera el lanzamiento. Pero se negó a ello. En un primer momento, intentaron engañar al responsable político ya que le informaron que habían llegado a un acuerdo económico con la familia para que se fuera, hecho a todas luces falso. Después, dejaron entrever que iban a suspenderlo por la tarde, pero, al final, no fue así y decidieron mantener el desahucio.

Contexto

Lidia es una mujer de 33 años en paro y con dos hijos menores, de 7 y 6 años de edad. Lidia se mantiene con una exigua renta social básica y vive desde septiembre de 2019 en su vivienda de la calle José M.ª de Cossío. La propietaria y demandante de dicho inmueble, Beyos y Ponga, que es la empresa instrumental inmobiliaria de Liberbank, inició demanda en noviembre de 2019. Todo ha sido muy acelerado, como en el caso anterior. En febrero de 2020, dicho juzgado emitía ya sentencia condenando a Lidia por usurpación a una multa de 180 euros y al desalojo de la vivienda. Lidia presentó posteriormente recurso de apelación a la Audiencia Provincial, la cual, respondía mediante sentencia el pasado 4 de mayo de 2020, es decir, en pleno estado de alarma. Sentencia firme porque las sentencias sobre delitos leves no tienen recurso de casación al Tribunal Supremo, a pesar de que dicha sentencia tenía algunos errores importantes, a juicio de la plataforma. Posteriormente, la abogada de la familia presentó sendos recursos contra la ejecución de la sentencia, sin resultados positivos.