La capital cántabra reactiva su Plan de Movilidad para implantar la ZBE antes de 2026
El Ayuntamiento de Santander ha aprobado la revisión del Plan de Movilidad Sostenible, documento clave que permitirá la futura implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida de obligado cumplimiento para municipios con más de 50.000 habitantes. La decisión fue adoptada en el Pleno municipal del jueves, con los votos favorables del Partido Popular y Izquierda Unida, la abstención del PSOE y del PRC, y el voto contrario de Vox.
Esta revisión, que afecta a un documento originalmente redactado en 2010, ha sido calificada por el equipo de Gobierno como "necesaria para cumplir con la ley y acceder a los fondos europeos". Sin embargo, desde la oposición se cuestiona el momento y las intenciones. En palabras del concejal socialista Javier González de Riancho, se trata de "una actuación obligada por las circunstancias y no por un compromiso genuino con la sostenibilidad urbana".
La Zona de Bajas Emisiones de Santander: contexto y significado
La ZBE de Santander es una de las medidas contempladas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a restringir progresivamente el acceso de vehículos contaminantes a zonas determinadas del casco urbano. Este proceso requiere un Plan de Movilidad Sostenible actualizado, condición sine qua non para recibir financiación europea.
Según explicó en sesión plenaria el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, el nuevo plan estará redactado “en un plazo de siete meses”, y recogerá las líneas estratégicas para la reconfiguración del tráfico, el fomento del transporte público, la creación de nuevas infraestructuras ciclables y la peatonalización de determinadas áreas de la ciudad.
Debate político y fractura institucional
La aprobación del documento no ha estado exenta de polémica. Izquierda Unida respaldó la medida con matices, otorgando al Gobierno local un “voto de confianza” condicionado al cumplimiento del calendario. El PSOE, por su parte, recordó que el plan anterior llevaba catorce años sin actualizarse, denunciando un “retroceso” en políticas de movilidad durante varias legislaturas.
Desde Vox, su portavoz Laura Velasco tildó la medida de "parche pseudoambiental" y "herramienta recaudatoria encubierta". Anunció que su grupo hará “todo lo posible” para revocar la ZBE si esta llega a entrar en vigor, advirtiendo del “perjuicio económico para las familias y pequeños negocios que dependen del coche”.
La movilidad sostenible en Santander, atrapada entre el deber normativo y la carencia de alternativas
La revisión del Plan de Movilidad Sostenible no se limita a la ZBE Santander. En el mismo Pleno, se debatió la moción del PRC para impulsar la creación de un aparcamiento en altura junto al Palacio de Festivales, cuya necesidad ha sido señalada por múltiples sectores vecinales y técnicos. Dicha moción fue rechazada por el PP, que argumentó que el terreno no es de titularidad municipal.
El regionalista Felipe Piña subrayó la urgencia de dotar a la ciudad de infraestructuras de aparcamiento modernas y viables, alertando de que en zonas como San Martín se han perdido más de 500 plazas en los últimos años. A ello se sumará, además, la ampliación del paseo marítimo entre Gamazo y Los Peligros, que conllevará nuevas restricciones al estacionamiento.
Desde el PSOE, Daniel Fernández criticó la falta de planificación urbanística estructural por parte del equipo de Gobierno y acusó al PP de haber convertido el estacionamiento en una cuestión de “barrios de primera y de segunda”.
Vox, por su parte, respaldó la moción, afirmando que “aparcar en Santander es hoy una odisea” y que la ZBE agravará aún más este problema si no se implementan soluciones de movilidad integradas.
El camino hacia una movilidad urbana sostenible en Santander ha comenzado, aunque no sin contradicciones ni fisuras políticas. La Zona de Bajas Emisiones, en tanto exigencia legal, representa una oportunidad para modernizar el modelo urbano, pero su puesta en marcha dependerá tanto de la capacidad técnica del Ayuntamiento como de su voluntad real de construir consensos y ofrecer alternativas viables a los ciudadanos.
