El Ayuntamiento de Santander prevé congelar las tasas, precios públicos e impuestos municipales por noveno año consecutivo, excepto las del agua y alcantarillado, a las que se debe aplicar el IPC por obligación del contrato con la empresa adjudicataria del servicio.

Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa, Gema Igual, quien ha explicado que, con estas medidas, el Consistorio -gobernado por el PP con mayoría absoluta- dejará de ingresar el año que viene 11,1 millones de euros: 8,8 millones por exenciones, bonificaciones y gratuidad de servicios y los otros 2,3 por no actualizar conforme al IPC (2,3 %) el resto de tasas.

Pese a ello, Igual ha avanzado que "no se va a renunciar a nada", ni proyectos ni servicios, sino que "se van a optimizar los recursos". "La clave del éxito es la gestión que viene haciendo el Ayuntamiento", que cuenta con un remanente de 14 millones de euros y un endeudamiento del 25,8 por ciento, cuando el límite municipal se fija en el 75 %, ha sostenido la regidora.

Además, ha anunciado que, en 2024, el Ayuntamiento no cobrará la tasa para la obtención de licencia de apertura de cualquier establecimiento para el desarrollo de actividades industriales, mercantiles, comerciales o profesionales en la ciudad, con el propósito de favorecer la actividad económica y el empleo.

También ha recordado que, en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en los últimos años se ha producido un importante descenso en el tipo impositivo, que es la parte sobre la que puede actuar el Ayuntamiento, ya que el valor catastral viene determinado por el Estado. En este caso, el Ayuntamiento aplica un 0,40 %, el mínimo que permite la legislación,.

En cuanto a las tasas de agua y alcantarillado, en las que, por obligación del contrato, sí debe aplicarse el IPC, el Ayuntamiento mantiene los tramos y las bonificaciones para paliar este incremento y reducir las facturas a las familias santanderinas.

De esta manera, se aplicarán bonificaciones consistentes en la reducción en un 95 por ciento a los desempleados y a familias numerosas y monoparentales, así como un 95 % a rentas inferiores a 1,5 IPREM y un 50 % a familias que se encuentren en el tramo entre 1,5 y 2,5 IPREM. Y continúan con la misma bonificación del 50 % el resto.

Igual ha recordado que, en la ordenanza municipal de Santander, existen dos tipos de tarifas, doméstica y no doméstica, y dentro de cada una se factura por bloques, de manera que se paga por lo que se consume.

Según un cálculo estimativo, para una casa donde vivan dos personas, con un consumo trimestral de 21 metros cúbicos, la subida será de aproximadamente 0,25 euros al mes, mientras que para una unidad familiar de 3 o 4 personas, con un consumo trimestral de 28 m3, el incremento será de 0,27 euros.

En el caso de un bar medio, el aumento se situará en torno a los 0,41 euros al mes y para una cafetería grande, la subida supondrá 3,81 euros mensuales.

La última novedad que prevé la propuesta de ordenanzas fiscales para 2024 es la modificación de la redacción de la ordenanza que regula el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, con el fin de adaptarla a los procedimientos de la Oficina Tributaria Virtual, un cambio que no implica impacto económico para los contribuyentes y mantiene las bonificaciones.

Igual ha enmarcado estas medidas en una política para minimizar la presión fiscal y fomentar el crecimiento económico, con iniciativas que han permitido a Santander posicionarse en los primeros puestos de competitividad fiscal.

Tramitación

Tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local, las ordenanzas fiscales se debatirán en un pleno para su aprobación inicial, previa aprobación de la Comisión de Economía.

En este punto, la alcaldesa ha expresado que el equipo de gobierno está abierto al diálogo y a la negociación con todos los grupos políticos del Ayuntamiento, aunque, según ha dicho, el esfuerzo realizado para minimizar la presión fiscal "es el máximo al que se puede llegar para que un ayuntamiento sea sostenible".

Después de la aprobación en el pleno, continuaría la tramitación habitual, de forma que se someterán a exposición pública durante 30 días hábiles y, si transcurrido ese plazo no hubiera alegaciones, quedarían aprobadas definitivamente de manera automática.

En caso de presentarse alegaciones, deberán ser examinadas y resueltas antes de llevar de nuevo las ordenanzas al pleno para su aprobación definitiva, de cara a su entrada en vigor el 1 de enero de 2024.