El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha emitido un fallo más en contra del Ayuntamiento de Santander en relación con el contrato de gestión de residuos, elevando a once de dieciséis el número de sentencias desestimadas por el TSJC en detrimento del Ayuntamiento. Esta última sentencia, emitida en marzo de 2023, responde parcialmente a la demanda presentada por la empresa Ascan-Geaser y se centra en las deducciones realizadas por el Ayuntamiento en agosto de 2021, bajo la categoría de "medios personales y recogida de cartón".

La novedad en esta ocasión es que, además de confirmar que el Ayuntamiento no tiene razón en este asunto, el tribunal ha establecido que la entidad municipal debe asumir las costas del proceso, lo que agrega un aspecto financiero adicional a la decisión.

El grupo municipal regionalista ha aprovechado esta nueva sentencia para hacer un llamado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento, encabezado por Gema Igual, solicitando que dejen de continuar con sus acciones legales en este asunto y que cesen de perjudicar a los habitantes de Santander desde el punto de vista financiero.

Felipe Piña, portavoz del PRC, ha enfatizado que considera "gravísimo" que los ciudadanos tengan que asumir los costos generados por la obstinación del equipo de Gobierno. En este sentido, ha instado a los miembros del Partido Popular a reconocer de una vez por todas que han perdido esta batalla judicial y a evitar que el dinero de los contribuyentes siga siendo dilapidado.

En relación a los intereses acumulados desde la primera sentencia y las costas judiciales que ahora se deben pagar, Piña ha señalado que no estaban previstos en el presupuesto. Además, ha destacado que el contrato de emergencia actual para la gestión de residuos ha generado sobrecostos que superan los 3,5 millones de euros anuales. Si finalmente se pierden las dieciséis sentencias, el Ayuntamiento deberá abonar 2,4 millones de euros adicionales al principal, sumando a esta cifra alrededor de 620.000 euros en concepto de intereses.

El portavoz regionalista también ha criticado la estrategia del equipo de Gobierno, que ha intentado desviar la atención de su falta de competencia mediante acciones legales, en lugar de permitir la creación de una comisión de investigación que aclare lo ocurrido con el contrato de gestión de residuos en la ciudad.