Los propietarios de las embarcaciones que utilizan esa área de atraque, unidos en la Asociación La Pozona, siguen esperando una solución definitiva a la problemática existente en Cuchía.

El PP preguntará en el Parlamento por las gestiones realizadas por el Gobierno de Cantabria, «si es que ha realizado alguna», ante la «tardanza» del Ministerio para la Transición Ecológica en legalizar el puerto de La Pozona de Cuchía.

El diputado ‘popular’ Roberto Media ha recordado en nota de prensa que sobre este «histórico» puerto existe una orden de desalojo y demolición emitida en el año 2018 por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y que el Gobierno de Cantabria «había prometido la legalización de las instalaciones a las 60 familias que atracan allí sus pequeñas embarcaciones, sin que a día de hoy nada se sepa al respecto».

Según ha detallado Media, el 17 de junio de 2021 el Consejo de Gobierno de Cantabria acordó reconocer la urgencia y excepcional interés público del proyecto de adecuación de la instalación portuaria para refugio de embarcaciones deportivas en La Pozona de Miengo. A partir de ese momento, se remitió para su informe toda la documentación a la Demarcación de Costas en Cantabria y se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la adscripción de esas instalaciones a la comunidad autónoma.

«Pero, a pesar de las promesas, los propietarios de las embarcaciones que utilizan esa área de atraque, unidos en la Asociación La Pozona, siguen esperando una solución definitiva a la problemática existente en Cuchía con la legalización de esta infraestructura para sus actividades pesqueras y de recreo, mientras el tiempo corre en su contra», ha dicho Media, recordando que la existencia de un procedimiento judicial que ordena el desmantelamiento de las instalaciones a costa de la Asociación La Pozona, que está pendiente de una última sentencia tras el recurso que presentó dicha asociación.

Por ello, el diputado del PP ha registrado una batería de preguntas para que sean contestadas en el pleno del Parlamento del lunes día 2 por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa.

Concretamente, Media preguntará qué gestiones ha realizado el Gobierno de Cantabria para conseguir una resolución positiva del Ministerio a la solicitud de adscripción de las instalaciones de La Pozona de Miengo a la comunidad autónoma y, en caso de haber realizado alguna, cuál es el resultado de esas gestiones.

El diputado también quiere conocer la valoración que hace el Gobierno de Cantabria de la tardanza en obtener una resolución del Ministerio y si tiene constancia de si va a responder de forma positiva a la solicitud realizada por la comunidad autónoma. Finalmente, Media quiere saber la postura del Gobierno de Cantabria en relación a la posible sentencia firme que obligaría al desmantelamiento inmediato de las instalaciones.

«En definitiva, queremos que no se olvide que hay 60 familias preocupadas porque los trámites no avanzan de forma adecuada, y que no se fían de la ministra Ribera que ya ha dado claras pruebas de importarle poco lo que piensen los cántabros y sus representantes», ha lamentado Media, quien ha sostenido que la Asociación de La Pozona ha hecho «todo lo que se le ha pedido» desde el Gobierno de Cantabria y «no pueden seguir esperando a que la legalización de esas instalaciones sea imposible». «Hay que dar respuestas ya, y esas respuestas deben ser positivas para los vecinos», ha concluido.

Castillo: «El Ejecutivo regional-socialista desprecia a los menicenses»

En noviembre de 2018 la asociación ‘La Pozona’, recibió notificación de la Demarcación de Costas, en la que les informaba de su situación ilegal, dado que los organismos competentes para autorizar esas instalaciones no lo habían autorizado y que tenían que retirar sus embarcaciones del puerto.

La diputada nacional, Elena Castillo, ha calificado en varias ocasiones de insultante, la actitud que tiene el ejecutivo regional-socialista en la Comisión de Obras Públicas.

Para Castillo, rechazar la adscripción de 9.000 m2 de terreno de dominio público a favor del Gobierno de Cantabria por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige la comunista Teresa Ribera, ha sido el salvaconducto que necesita el Gobierno de España para seguir con los trámites de demolición del puerto de refugio de La Pozona.

«Me preocupa la situación de ilegalidad del puerto, realmente es que no existe, y una cosa que es ilegal no se puede transmitir/adscribir. Se puede adscribir el terreno e iniciar la creación de un nuevo puerto por lo que es inconcebible que el PRC y el PSOE se conforme con la redacción de un proyecto que de nada sirve si no nos adscriben esos terrenos», dice la diputada nacional y miembro de la ejecutiva de los populares en Miengo.

Para la vecina de Miengo y diputada nacional, hay una clara intención de que este puerto desaparezca. «No hay nada a nivel nacional que nos indique que la señora Ribera va a permitir esta legalización y, aunque hemos presentado una iniciativa también a nivel nacional, resulta triste y doloroso que sean los propios cántabros, los gestores del gobierno regional-socialista lo que nos conduzcan al acantilado, rechazando algo en lo que todos los partidos deberíamos estar remando en el mismo sentido».

«Somos conscientes de que hay una clara intención de los técnicos de la Consejería de Obras Públicas en que esta actuación se legalice y entre a formar parte de los puertos de gestión autonómica, pero hay una clara falta de voluntad política por parte de Revilla y Zuloaga».