Voto por contrato: así funcionaba el fraude electoral del PSOE que está siendo investigado
El porcentaje de voto postal en el municipio quintuplicó la media nacional y revela un posible patrón de captación de sufragios a cambio de empleos
La Guardia Civil mantiene abierta una investigación en Albaida del Aljarafe, un pequeño municipio sevillano, donde se sospecha que al menos una veintena de personas fueron contratadas en el Ayuntamiento controlado por el PSOE tras haber votado por correo en las elecciones municipales de 2019. Esta información ha sido publicada en exclusiva por THE OBJECTIVE, que ha tenido acceso directo a los sumarios judiciales y a los informes elaborados por los agentes.
El caso arrancó a raíz de una denuncia presentada por el portavoz de Izquierda Unida, quien detectó un dato alarmante: casi un 15% del censo electoral había solicitado el voto por correo, una cifra casi cinco veces superior a la media nacional, situada en torno al 3,6%. La anomalía fue tan evidente que activó una investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
Para esclarecer los hechos, los investigadores cruzaron los datos de la Oficina del Censo Electoral con los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social. El resultado fue contundente: al menos 20 personas que votaron por correo obtuvieron contratos laborales en el Ayuntamiento en los meses siguientes a las elecciones. Tal como explica THE OBJECTIVE, algunas de estas contrataciones fueron de carácter temporal, mientras que otras se prolongaron en el tiempo, detectándose además que buena parte de los beneficiados también optaron de nuevo por el voto postal en otros procesos electorales.
La investigación detalla cómo operaba el supuesto entramado: una concejal socialista, identificada como A.C.L.C., seleccionaba a posibles votantes dispuestos a entregar su voto a cambio de un contrato municipal. Posteriormente, el marido de la teniente de alcalde, B.D.A., se encargaba de contactar con ellos, gestionar las firmas necesarias para solicitar el voto postal y asegurarles que recibirían un contrato como recompensa. Para sortear los controles de Correos y evitar que los votantes tuvieran que acudir personalmente a las oficinas postales, un trabajador de la empresa pública, A.G.D., recogía y entregaba la documentación.
La veracidad de este esquema no sólo queda reflejada en los informes policiales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sino también en los testimonios recogidos por la Guardia Civil. Uno de los vecinos del municipio declaró que le ofrecieron directamente un contrato a cambio de firmar los impresos del voto por correo a favor del PSOE. Según su relato, nunca ejerció personalmente su derecho al voto y todo el trámite fue gestionado por un tercero. Pese a haber cumplido su parte, el contrato prometido no llegó, alegándose que debía esperar a que surgiera una vacante.
Otros testimonios corroboran este patrón. Una anciana admitió que fue su hija quien votó en su nombre porque ella no podía desplazarse, aunque los agentes constataron que en ningún momento se respetaron los protocolos legales que exigen la comparecencia personal del votante en la oficina de Correos y la presentación del DNI original. Tampoco hubo autorización formal para la suplantación de identidad.
En el análisis de los investigadores, la mecánica seguida en Albaida del Aljarafe responde a un patrón ya detectado en otros lugares de España. Según señala THE OBJECTIVE, investigaciones similares se han abierto en Mojácar (Almería), Albudeite (Murcia), Melilla, La Gomera y Arona (Tenerife) o en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). En todos estos casos, los elementos comunes son la captación de votos entre sectores vulnerables, las promesas de empleo a cambio del sufragio y la manipulación de los trámites en Correos.
La gravedad del asunto se mide en términos de los posibles delitos que se investigan, entre ellos fraude electoral, falsedad documental, prevaricación, suplantación de identidad y pertenencia a organización criminal. Así lo recogen los informes de la Guardia Civil difundidos por THE OBJECTIVE, que subraya que, de confirmarse judicialmente los indicios, se estaría ante una red de clientelismo político que instrumentalizó el voto por correo como moneda de cambio para asegurar victorias electorales.
Por último, THE OBJECTIVE recuerda que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece claramente que el voto por correo debe ser solicitado personalmente, con verificación del DNI y sin intermediarios salvo poder notarial. Los incumplimientos sistemáticos detectados en Albaida suponen, por tanto, una vulneración directa de la legislación electoral.
Mientras la vida en Albaida del Aljarafe sigue su curso aparente de normalidad, la investigación avanza en los tribunales. Según anticipan, la causa podría tener derivadas más amplias, al destaparse un modus operandi que afectaría no solo a este pequeño municipio andaluz, sino a múltiples puntos de la geografía española.
