Todas las autonomías, salvo Cataluña, rechazan su reforma fiscal
Todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, han rechazado en bloque la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por María Jesús Montero. El Ministerio de Hacienda pactó previamente con la Generalitat un esquema que podría suponer hasta 6.000 millones extra para Cataluña. El resto de autonomías califican la maniobra de "sistema de castas" y acusan al Gobierno de romper la igualdad territorial para mantenerse en el poder.
Un modelo cocinado a puerta cerrada con la Generalitat
La reforma presentada por Montero ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha despertado una inusual unanimidad: 14 de las 15 comunidades rechazaron la propuesta. Únicamente Cataluña, representada por Alicia Romero (PSC), la defiende. El modelo, según estudios independientes como Fedea, premia a ciertos territorios con "parches arbitrarios" que beneficiarían directamente a la Generalitat, con quien se pactó el documento junto a ERC.
Las autonomías denuncian trato desigual y chantaje
Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón han cargado duramente contra lo que consideran un modelo "nacido muerto". El consejero manchego, Juan Alfonso Ruiz Molina (PSOE), lo calificó de "chantaje": "o lo aceptáis o perdéis millones de euros". Montero, visiblemente tensa, defendió la voluntariedad del sistema, pero no aclaró si el Ejecutivo retirará la propuesta si ninguna autonomía la acepta.
Un sistema con coste político e institucional
La estrategia de Montero revela una lógica de supervivencia: pactar con ERC y la Generalitat para blindar la legislatura de Pedro Sánchez, a costa de erosionar la cohesión territorial. El modelo rompe con el principio de igualdad consagrado en el Título VIII de la Constitución. Como apuntan varios consejeros, se legitima una financiación "a la carta" con fines partidistas.
Precedentes peligrosos en la historia fiscal
Desde el modelo LOFCA de 1980 hasta las reformas de 2001 y 2009, siempre se buscó un acuerdo multilateral. La ruptura de ese consenso recuerda a la negociación bilateral con ETA en tiempos de Zapatero o al reparto de mascarillas con comisionistas durante la pandemia. El nuevo sistema excluye el principio de solidaridad interterritorial.
Impacto para el ciudadano: más impuestos, menos garantías
Según las proyecciones, comunidades como Castilla y León o Murcia podrían perder hasta un 10% de sus recursos si no se adhieren al modelo. El incremento del IRPF o la creación de nuevos impuestos regionales afectaría directamente a los contribuyentes. La reforma fomenta la desigualdad fiscal entre españoles.
El Congreso como única esperanza del Gobierno
Montero insistió en que la legitimidad de la reforma no depende del apoyo autonómico sino de la mayoría parlamentaria. Sin embargo, incluso socios como Compromís, BNG o Teruel Existe han mostrado reticencias. La sensación generalizada es que se legisla para satisfacer a ERC y Junts a cambio de su apoyo a los presupuestos.
"No se gobierna desde el privilegio, sino desde la igualdad"
La reforma fiscal propuesta es el enésimo gesto del Gobierno de Sánchez para mantenerse en pie pese al desgaste institucional y judicial. La ausencia de consenso autonómico no es un obstáculo técnico, pero sí político. Cualquier sistema que rompa el principio de igualdad ante la ley amenaza el pacto constitucional.
