El Gobierno de Sánchez reactiva la Ley de Nietos antes de las generales
La puesta en marcha del sistema digital en los consulados llega después de que más de 1,3 millones de solicitudes de nacionalidad quedaran bloqueadas por la saturación administrativa derivada de la Ley de Nietos.
El Gobierno de España ha puesto en marcha un nuevo sistema de digitalización en los consulados con el objetivo de agilizar los expedientes de nacionalidad española tramitados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, aprobada en 2022. La medida permitirá desbloquear más de 1,3 millones de solicitudes que permanecían pendientes de inicio debido al colapso administrativo en las oficinas consulares, según publica OkDiario.
Según las estimaciones oficiales, el volumen total de solicitudes de nacionalidad por esta vía podría alcanzar los 2,3 millones de expedientes. Hasta el momento, alrededor de un millón de procedimientos han sido formalmente iniciados, de los cuales medio millón ya han sido resueltos favorablemente. Sin embargo, más de 1,3 millones de personas se encontraban a la espera de obtener una cita previa para presentar la documentación necesaria, un cuello de botella que ha impedido el avance de los trámites.
Para resolver esta situación, el Ejecutivo ha implantado el sistema DICIREG, que supone la plena digitalización del Registro Civil y de los procedimientos asociados a la nacionalidad. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia, ha remitido una instrucción a las oficinas consulares en la que detalla los nuevos mecanismos de tramitación y las actuaciones a seguir a partir de ahora.
La digitalización permitirá a los consulados redistribuir expedientes entre oficinas del mismo país, aplicar medidas organizativas extraordinarias y reducir los tiempos de resolución de las solicitudes de opción a la nacionalidad española, especialmente en aquellos países donde la demanda ha sido más elevada, como Argentina, Cuba, México o Venezuela.
La Ley de Nietos reconoce el derecho a solicitar la nacionalidad española a los nacidos fuera de España cuyos padres, madres, abuelos o abuelas fueran originariamente españoles y se hubieran visto obligados a exiliarse por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación e identidad sexual, perdiendo o renunciando a su nacionalidad. También se incluye a los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley de 2007.
El propio Gobierno se vio obligado a ampliar el plazo de presentación de solicitudes ante la acumulación de expedientes y las dificultades burocráticas. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconoció públicamente que los trámites administrativos no estaban resultando sencillos debido al volumen de solicitudes.
Este proceso de nacionalización se produce en paralelo a la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada recientemente por el Ejecutivo mediante real decreto, sin tramitación parlamentaria, que permitirá legalizar la situación de más de medio millón de personas extranjeras. Los beneficiarios de esta regularización deberán acreditar cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales, además de poder acceder posteriormente a la reagrupación familiar.
Una vez regularizados, estos extranjeros podrán solicitar la nacionalidad española conforme a los plazos generales establecidos en la legislación vigente: diez años de residencia legal, reducidos a dos años para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, y a un año en determinados supuestos.
Desde la oposición, el Partido Popular ha advertido de que la combinación de la Ley de Nietos y la regularización extraordinaria podría tener un impacto significativo en el censo electoral. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado que estas medidas se adopten sin debate parlamentario y ha señalado que la política migratoria del Gobierno se aleja de los acuerdos europeos en la materia.
La aplicación del nuevo sistema digital marca así una fase decisiva en la tramitación de las nacionalidades, con un impacto potencial en millones de personas y relevantes implicaciones administrativas, políticas y demográficas.
