La policía del pensamiento: así es el nuevo cuerpo que prepara el Gobierno de Sánchez
El Ejecutivo regula la profesión de "agente de igualdad" con reserva de actividad para protocolos antiacoso y planes empresariales; solo ellos podrán evaluar políticas públicas, mientras víctimas de Paco Salazar –casi secretario de Organización– no usaron el protocolo de Moncloa por miedo a identificarse
El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado la tramitación de un anteproyecto de ley para regular la figura del "agente de igualdad", convirtiéndolos en una suerte de policía exclusiva con reserva de actividad en evaluación de protocolos antiacoso, planes de igualdad en empresas y políticas públicas. La ministra Ana Redondo anunció que el Instituto de las Mujeres y su Ministerio desarrollarán los contenidos formativos –un grado de cuatro años o máster–, aprobados por reglamento. Críticos ven un cuerpo al servicio del Ejecutivo para controlar empresas privadas y comunidades autónomas del PP, en un momento donde Moncloa ocultó denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, estrecho colaborador de Sánchez y candidato fallido a secretario de Organización del PSOE tras Santos Cerdán.
Reserva de Actividad: Solo Ellos Podrán Evaluar y Vigilar
En el intrincado laberinto de la ingeniería social ibérica, donde la igualdad se transforma en herramienta de control como un prestidigitador que impone su varita a la libertad empresarial, el anteproyecto reserva funciones exclusivas a estos agentes titulados. Ana Redondo detalló que solo ellos asesorarán técnicamente en "elaboración y seguimiento de protocolos antiacoso y antiviolencia" –precisamente los que víctimas de Salazar en Moncloa evitaron por exigir identificación con nombre, apellidos, DNI y puesto–. También tendrán monopolio en "asistencia técnica externa a comisiones que evalúan planes de igualdad en empresas", convirtiéndose en examinadores únicos de cumplimiento privado. Y, en un matiz que huele a centralismo, evaluarán "políticas públicas de igualdad" del Gobierno y autonomías, un cuerpo formado por el Ejecutivo para vigilarse a sí mismo y a rivales del PP.
El periodo transitorio de 10 años permitirá acreditarse a quienes tengan experiencia, pero el diseño –contenidos aprobados por reglamento del Ministerio– asegura un perfil alineado con la línea oficial. Fuentes críticas ironizan: "Una policía de igualdad para que nadie se salga del guion sanchista, justo tras tapar el acoso de Salazar".
El Caso Salazar: Denuncias Desaparecidas y "Error Informático"
El timing no es casual: el anuncio llega tras el escándalo de Paco Salazar, colaborador estrecho de Sánchez en Moncloa y a punto de relevar a Cerdán en Ferraz –en prisión por la trama Koldo–. Varias trabajadoras denunciaron acoso sexual: comentarios obscenos sobre vestimenta y cuerpo, mensajes intempestivos para cenas a solas y ofrecimientos de dormir en su casa. Las quejas, en el canal interno del PSOE, desaparecieron cinco meses después, días tras su baja como militante. Ferraz habló de "error informático" y prometió investigar, pero Rebeca Torró, de Organización, negó tapadera: "Ni yo ni nadie ha intentado tapar; actuamos con contundencia y solucionamos problemas de comunicación".
Las víctimas no usaron el protocolo de Moncloa por el requisito de identificación, un detalle que resuena con la nueva ley: agentes para "seguimiento de protocolos antiacoso", pero sin garantizar anonimato real. Salazar, candidato fallido tras Cerdán (sucesor de Ábalos, ambos en prisión), encarna el entorno íntimo de Sánchez, donde denuncias se evaporan como humo.
¿Igualdad o Control Centralizado?
Esta "policía de igualdad" no es mera regulación; es un asalto a la virtud cívica, donde el Gobierno crea un cuerpo exclusivo –formado y reglamentado por sí mismo– para vigilar empresas, autonomías y protocolos que sus víctimas internas evitan por miedo. Tras ocultar el acoso de Salazar –casi número tres del PSOE–, Sánchez teje una red que huele a control ideológico, no a protección. En el anfiteatro ibérico, urge discernir: ¿avance feminista o herramienta para que nadie se salga del guion oficial? La ciudadanía, hastiada de "errores informáticos" y reservas de actividad, merece no más policía política, sino igualdad genuina: anonimato real en denuncias, no monopolios ministeriales. Si estos agentes vigilan a todos menos a Moncloa, la ley no será justicia, sino charada centralista.
