La península recibe inmigrantes adultos reubicados como menores
El Gobierno de Pedro Sánchez ha costeado el traslado a la península de más de un centenar de inmigrantes mayores de edad a través del mecanismo habilitado para la reubicación de menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de Canarias. Lejos de tratarse de un error administrativo, el Ejecutivo reconoce que estos traslados se realizaron de forma consciente, pese a que los propios afectados habían admitido ser mayores de 18 años.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, justifica esta actuación alegando que los inmigrantes trasladados están amparados por el Sistema de Acogida y Protección Internacional del Estado, lo que permitió su reubicación con fondos públicos, aunque no fueran menores.
El propio Torres se felicitó esta semana por el proceso de traslados tras el Consejo de Ministros, asegurando que casi 1.000 menores ya han sido reubicados desde el archipiélago y que la cifra se superará en los próximos días. El ministro defendió además que la convivencia en los destinos de acogida se mantiene normalizada.
Dos mecanismos de reubicación
El titular de Política Territorial explicó que desde el 1 de septiembre se aplican dos mecanismos distintos para la reubicación: uno para los menores llegados antes de la aprobación de la normativa y otro para los posteriores. Para activar este proceso, el Gobierno de Canarias remitió al Ejecutivo central un listado con 1.000 supuestos menores solicitantes de asilo.
Sin embargo, ese listado presentaba irregularidades significativas. Según reconoció el propio Torres, solo 693 eran realmente menores, ya que se detectaron nombres triplicados y 126 personas mayores de edad. Pese a ello, el ministro justificó su traslado afirmando que estos adultos seguían dentro del sistema de acogida internacional.
La mayoría de los adultos, reubicados
Desde el propio Ejecutivo admiten que la práctica totalidad de estos mayores de edad ha sido trasladada a la península con cargo a fondos estatales. Aunque el Gobierno evita detallar su destino final, fuentes oficiales señalan que probablemente se encuentren en centros dependientes de la Administración central.
Además de estos adultos, el Ejecutivo ha reubicado a 486 menores al amparo del Real Decreto-Ley 2/25, que amplía el artículo 35 de la Ley de Extranjería. En total, según los datos oficiales, se ha procedido al traslado de 926 menores a distintos territorios de la península.
Críticas a la oposición y retrasos administrativos
Torres defendió el modelo de reubicación como una medida para garantizar los derechos humanos de personas vulnerables y reprochó a PP y Vox su oposición al sistema, sugiriendo que los resultados deberían llevarles a replantear su postura.
No obstante, el propio Ministerio reconoce que no se están cumpliendo los plazos previstos, ya que los expedientes de inmigrantes en contingencia migratoria debían estar resueltos en noviembre, algo que no ha ocurrido. El ministro aseguró que se han reforzado los recursos humanos y materiales para completar los trámites pendientes.
El Ejecutivo insiste en que estas actuaciones responden a una política solidaria y de Estado, aunque el uso del sistema de reubicación de menas para trasladar adultos vuelve a situar la gestión migratoria del Gobierno en el centro de la polémica política.
